La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) señaló que de los 28 mil 161 casos de desaparición forzada incluidos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sólo existen seis sentencias en el ámbito federal.

En un análisis sobre este flagelo, el organismo resaltó que a diferencia del periodo de la guerra sucia, ocurrida en las décadas de 1960, 70 y 80, hoy la problemática ha resurgido con una fuerza estremecedora a partir de 2006, con la llamada guerra contra el narcotráfico, se traduce en un ataque contra la población civil, por parte de autoridades y organizaciones criminales, en un contexto de alarmante impunidad.

Hoy, personas sin militancia social o política están siendo víctimas de desaparición forzada; las causas y razones no son claras; ninguna autoridad ha podido dar una explicación, más de allá de los discursos negacionistas o estigmatizantes de las víctimas, apuntó.

La Cmdpdh lamentó que en México no se cuente con investigaciones exhaustivas encaminadas a lograr verdad y reparación integral a las víctimas. El no reconocimiento oficial del contexto generalizado de la desaparición forzada impide que las instituciones puedan hacer frente y cumplir con sus obligaciones en materia de justicia.

Estamos convencidos, añadió, de que México debe instrumentar una política de justicia de transición de hechos violatorios de derechos humanos, así como un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas como las víctimas exigen.

La organización no gubernamental emprendió desde el viernes la campaña No olvidamos, con duración de tres meses y apoyo financiero de la Unión Europea, para informar a la sociedad sobre los alcances y consecuencias del fenómeno de la desaparición en México, dimensionando la realidad que muchos no han querido ver: su impunidad sistemática.

Esta campaña describe ocho casos de desaparición forzada ocurridos en contextos diferentes en Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Morelos, y que tienen en común la impunidad, la cerrazón de autoridades y la simulación por las instituciones encargadas de la búsqueda de personas y la investigación de los responsables.

Se trata de los casos de Rosendo Radilla Pacheco, líder social desaparecido en 1974; Silvia Arce, madre de tres hijos desaparecida en 1998; Miguel Orlando Muñoz Guzmán, militar desaparecido en 1993; Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en 2009. También, Óscar Reyes Ruiz, trabajador desaparecido en 2012; Daniel Ramos Alfaro, capacitador de educación básica desaparecido en 2013; Jorge Antonio Parral Rabadán, funcionario federal desparecido y ejecutado en 2010 por militares, y Jethro Ramssés Sánchez Santana, ingeniero y maestro desaparecido, torturado y ejecutado, igualmente por militares en 2011.

Hay un reconocimiento a la búsqueda incansable de las familias por dar con el paradero de las víctimas y de sus inconmensurables esfuerzos por lograr justicia.

La agrupación planteó que ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México se hace necesario visibilizar la situación, pero además denunciar la impunidad estructural que hace posible que estas violaciones continúen.