n nuevo escándalo suele servir para tapar el anterior. Es el ciclo de oprobio que se vive en México en los años recientes, con una aturdidora velocidad de sustitución de casos. Apenas la indignación cree haber llegado a niveles mayúsculos cuando ya está en cartelera otra muestra de corrupción, cinismo, injusticia o impunidad cuyos detalles ganan la atención y recorren hacia el cajón de los asuntos por olvidar el expediente que un día atrás parecía insuperable.

En Asunción Nochixtlán se cometió un crimen de Estado. Policías federales fueron captados en gráficas cuando disparaban armas de grueso calibre que oficialmente habían asegurado que no llevarían a ese desalojo. El máximo jefe de esa corporación, Enrique Galindo Ceballos, tuvo que reconocer, ante la evidencia de las fotografías, que se realizó una extraña maniobra de reforzamiento armado en favor de sus agentes que, según esa narrativa, habrían sido emboscados por unas 2 mil personas, en una auténtica sublevación popular contra los uniformados.

Hasta el momento, y a pesar de las fotografías que muestran a varios policías en posición de disparo, no se conoce que el citado Galindo Ceballos haya tomado medidas precautorias para impedir que esos elementos sigan con el dedo en el gatillo ni que hayan sido sujetos a indagaciones rigurosas en busca de castigo si se comprueba que sus detonaciones causaron las ocho muertes que oficialmente se reconoce sucedieron dos semanas atrás (aunque los pobladores aseguran que fueron 11).

Todo lo contrario: esa corporación, esos jefes y esos gatillos están prestos para entrar en acción nuevamente, conforme al libreto del tiempo agotado que ha puesto en circulación su jefe Miguel Ángel Osorio Chong. La nueva acometida, en caso de darse, generaría nuevos hechos violentos que agregarían olvido a Asunción Nochixtlán y quedarían en espera de los venideros escándalos diluyentes. Por cierto, la fiscalía general de Oaxaca dice tener ya listo un informe pericial que someterá a la consideración de la procuraduría federal a cargo de Arely Gómez. Se ha dicho que entre sus observaciones preliminares destaca la afirmación de que no todos los cadáveres muestran orificios correspondientes a calibre de armamento oficial, lo que fortalecería la versión de las autoridades de que hubo tiradores ajenos al gobierno, especie que desde ahora es rechazada por los habitantes del lugar, que no dudan en señalar al flanco oficial como origen de los disparos asesinos.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (otro ejemplo del ciclo de desatención oficial a casos graves, en este caso, gravísimo) continuaban ayer su peregrinar. Siguen movilizándose y manifestándose porque a fin de cuentas sigue sin conocerse el paradero de los jóvenes y porque, aunque parezca increíble, ni siquiera hay una posición gubernamental firme sobre los hechos (la verdad histórica ha sido virtualmente declarada mentirosa y formalmente se mantiene un renovado mecanismo de búsqueda de los desaparecidos, aunque en los hechos no se esté practicando).

Ayer, por ejemplo, esos familiares estuvieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir que se instale el mecanismo de seguimiento que se acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al cesar en funciones el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Hasta ahora no hay fecha para esa instalación ni indicios de que el gobierno mexicano tenga prisa por echar a caminar ese sistema. La secretaria, Claudia Ruiz Massieu, podría dar alguna precisión hoy.

Lo cierto es que los familiares de los normalistas de Ayotzinapa han quedado a la intemperie, sin la protección que durante un lapso muy importante significó la presencia de los investigadores del GIEI. Aquí se escribió meses atrás que la supervisión de la CIDH respecto del caso Iguala sería a larga distancia, en términos muy acotados y en función de los intereses del gobierno mexicano. Ahora, la CIDH está peor que cuando el GIEI dejó México, pues su crisis económica le ha reducido a una condición espectral.

El día a día de los altos funcionarios mexicanos sigue sin grandes sobresaltos. Enrique Peña Nieto cumplió ayer con sus deberes de protocolo en cuanto a la recepción del presidente italiano, Sergio Mattarella. Aurelio Nuño tuvo reunión en Guadalajara, donde le saltó un puñado de profesores con consignas contra la reforma educativa. Miguel Ángel Osorio Chong anunció en el estado de México, junto a Eruviel Ávila (figura presente en varias quinielas políticas), la asignación de 300 policías federales para cuidar carreteras, luego que la potosina Rosa Margarita Ortiz hizo un video para denunciar agresiones y violación que ella sufrió en la México-Querétaro, como les sucede a muchas personas más en diversas rutas a bordo de autobuses federales de pasajeros. Y los senadores dieron por buena la reversa de Los Pinos en cuanto a obligaciones de empresarios que reciban fondos públicos para cumplir también con la recortada ley 3 de 3.

Astillas

Entrevistada por Jorge Ramos en El Universal, Margarita Zavala Gómez del Campo (MZ) se autodenominó un peligro para López Obrador y reivindicó el acompañamiento político de su esposo, Felipe Calderón, en estos términos: desde luego es tener una fortaleza cuando alguien cercano a mí conoce al país desde el gobierno en los momentos más difíciles en la historia moderna de nuestro México. Se le preguntó, ¿en qué es un lastre la figura de Calderón?, y MZ respondió: no creo que en ese sentido haya exactamente lastre; no, para nada. Al contrario, me parece una fortaleza... Y, mientras la diócesis de Toluca, a cargo del jalisciense Francisco Javier Chavolla Ramos, ha pedido a las mujeres que se presenten a los templos con moralidad y decoro, sin minifaldas, pantalones ceñidos, escotes o alguna otra forma de vestir que ofenda a Dios, ¡hasta mañana, recordando a Michael Cimino, fallecido a los 77, director de la joya del cine mundial The deer hunter, acá (mal) traducida en título como El francotirador!

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