ucho ruido y confusión, así define la RAE, barahúnda. Es lo que ha sido desde sus inicios la reforma educativa. Cuando el gobierno de EPN pone en marcha una estrategia política con un propósito explícito falso (esto es, que en realidad su objetivo es otro que el declarado), crea eso: una barahúnda cada vez más enloquecida. Todo sale mal, el gobierno busca enderezar la estrategia y todo lo empeora. Actúa de inicio como si la sociedad fuera completamente pasiva o fuera idiota, o las dos cosas.

La reforma educativa no es la misma cuando nació, que en este momento; todo cambia, como dice la canción. Nació con un propósito, y un mal nombre y un mal apellido. El nombre fue una impostura. La reforma, que en realidad era una acción política, fue vestida con el digno nombre de reforma educativa. Después de todo lo ocurrido, la reforma no es ya la solución, sino el problema, como ha escrito agudamente Manuel Gil Antón.

El medio sindical del SNTE con todo y la CNTE, era un pudridero político de extrema corrupción, creado por los gobiernos que hemos tenido; los priístas y los panistas (ni hablar de quién ha colaborado más). Pero llegó el momento en que la globalización neoliberal (en otro momento me referiré a esta relación) volvió ese sindicato un absceso que había que extirpar; esa inmensa bolsa de sucia corrupción debía ser eliminada (esa bolsa, no todas), sin lo cual hacer una real reforma educativa habría sido imposible. Sin limpiar la casa, lo demás habría sido más que improbable. Ganaron algunas buenas batallas y algo útil dejaron por ahora, aunque seguramente no pasará mucho tiempo para que tengan que reparar lo que se montó, que se hizo sin reforma educativa: el INEE, el servicio profesional docente, las bases al menos de las inexcusables reglas de la contratación, promoción y permanencia, que es como debe operar la academia en todos sus niveles. Algunas cosas más (están aprendiendo a hacer concursos de oposición). 

Gilberto Guevara Niebla, que algo sabe de esto, escribió en El País: “La pugna educativa no es trivial. Lo que la actual reforma educativa se propone es desmontar una estructura de poder sindical que se gestó a lo largo de siete décadas y que terminó por invadir todas las esferas de la dirección educativa. Un acuerdo de 2008 determinó que el gobierno de la educación en sus niveles obligatorios (prescolar, primaria y secundaria) se depositara en ‘comisiones mixtas’ conformadas por 50 por ciento de líderes sindicales y 50 por ciento de funcionarios públicos… Ese acuerdo fue desastroso para el país… La medida significó abandonar el principio constitucional que deposita sólo en el Estado la tarea de dirigir la educación nacional; después de todo, el sindicato no deja de ser una entidad privada.

“Las autoridades lanzaron en diciembre de 2012… [en el marco del Pacto] una reforma con dos objetivos principales: recuperar para el Estado la rectoría de la educación y acabar con un sistema corrupto de gestión de la profesión docente. En este sistema de gestión predominaba la arbitrariedad y, sobre todo, la voluntad de los líderes sindicales. Las plazas de profesor se vendían a 100 mil o 200 mil pesos, los puestos de dirección se otorgaban a los amigos o cómplices de los líderes sindicales, las plazas también se heredaban de padres a hijos, como propiedad privada, etcétera (El País, 30/6/16).”

Pero utilizaron principalmente una regla propia de la academia –la evaluación– para hacer su operación política. Pusieron en la cárcel a la maestra. Despojaron al sindicato de los mecanismos para vender y heredar plazas, y comenzaron a perseguir a las decenas de miles de profesores comisionados. Pudieron haber hecho todo eso, sin llamarla reforma educativa.

Digamos que en principio comenzó exitosamente la operación limpiar al SNTE. Pero se toparon con una corriente también corrupta, que había hecho de la guerrilla magisterial toda una experiencia: la CNTE. Su resistencia y el estilo político rudo cuando no violento ha sido un dolor de cabeza para el gobierno. Y todo eso, que en gran parte permanece ajeno al conocimiento de la sociedad, comenzó a despertar simpatías aquí y allá por los maestros democráticos. Debe decirse que decapitar al SNTE no significa que se haya desmontado una estructura política espuria que abarca al territorio nacional.

En los hechos políticos, la presión directa de la CNTE, sus marchas, incendios, peleas con la policía, tomas de cabildos y presidencias municipales, bloqueos, y más, eran disculpados por una parte creciente de la sociedad, pues la lectura más generalizada era que se trataba de una explicable desesperación frente a un gobierno arbitrario y autoritario. Y Osorio terminó por abrirles las puertas. Y eso, en seguida a reales profesores del SNTE les reanimó las expectativas de poder echar abajo una reforma que no quisieron nunca, como lo mostró la multitudinaria marcha de los profesores de Nuevo León, entre otras.

Frente a ese escenario, Osorio decidió que la política terminó. Empezará a actuar la fuerza legítima del Estado. La represión, por supuesto, todo lo empeorará, sobre todo porque están ya inmiscuidos grupos que esperan que esta sea la chispa que incendie la pradera.

Pésima conclusión la de Osorio: la reforma real ahora sí debería iniciar, y que sean los profesores en diálogo con las autoridades los que digan con qué ritmo debe llevarse a cabo en las muy distintas regiones de un país tan extremadamente desigual.