El castigo y el deudor
a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya discute las posibles sanciones a que se harán acreedores autoridades, candidatos y partidos políticos por su actuación en los comicios pasados, a fin de evitar subsecuentes conductas que violen la normatividad. Las sanciones pueden ir de simples amonestaciones, multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta la anulación de una elección.
El desconocimiento de las deliberaciones de los magistrados en los tribunales electorales y la decisión de las salas de dejar la sanción en otros (los congresos locales, por ejemplo) hacen pensar que el castigo podría ser menor o incluso una burla. Las violaciones a la ley suceden elección tras elección, sin fin. Por orden cronológico, los ciudadanos saben el orden de una elección: promesas, voto, impugnación, sanción… pero no tienen claro cómo los beneficia el castigo impuesto al que violó la ley.
En la elección pasada, el presidente municipal de Aguascalientes promovió las obras de su administración en temporada electoral. El Congreso local está por determinar la sanción correspondiente para el alcalde, de extracción panista. El Partido Revolucionario Institucional busca desesperado la inhabilitación.
La historia nos ha enseñado qué sucederá: en la elección de diputados federales, el año pasado, la intervención del gobernador de Aguascalientes tuvo como resultado que se anulara y repitiera ese proceso. La sala del TEPJF en Monterrey, Nuevo León, determinó que la 62 Legislatura impusiera las sanciones, que al final quedaron en una amonestación de carácter privado, de la cual no quedó constancia para los ciudadanos, y la repetición de la elección, que pagamos todos. Ante este nuevo escenario, quién sabe si ganarán el rencor y el deseo de venganza para inhabilitar al alcalde, y si se repiten las elecciones, los únicos que pagaremos de nueva cuenta seremos nosotros.
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