Xalapa, Ver.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reventó la sesión de ayer en el Congreso local porque no le alcanzaban los votos para ratificar los nombramientos de Alberto Tomasini Martínez, Guadalupe Porras David y Francisco Portilla Bonilla como magistrados del Poder Judicial. La legislatura emitió una nueva convocatoria para nombrar al fiscal anticorrupción, debido que Portilla declinó su nombramiento.

Además, los legisladores retiraron del orden del día los dictámenes que permitirían al gobernador Javier Duarte de Ochoa donar 10 inmuebles al Instituto de Pensiones del Estado y la Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Cuando el pleno se disponía a analizar el punto 16 del orden del día, el nombramiento de los magistrados de la sala anticorrupción –creada a iniciativa del gobernador–, los legisladores del PRI huyeron en desbandada.

De inmediato, la presidenta del Congreso, Octavia Ortega Artega, solicitó el pase de lista para confirmar la ausencia de 25 diputados y que no había quórum para continuar la sesión.

En el tricolor hay desacuerdo con los nombramientos porque Portilla Bonilla, quien ha sido diputado local y alcalde de Córdoba, postulado por el PRI, carece de experiencia como jurista, y Porras David, ex alcaldesa de Minatitlán y diputada local priísta, enfrenta la investigación FESP/245/2014 por desvío de recursos públicos. A su vez, Tomasini Martínez fue asesor jurídico del gobernador.

Previamente, el Congreso aprobó una nueva convocatoria para nombrar fiscal anticorrupción después de que la junta de coordinación política notificó que Portilla Bonilla había renunciado a sus aspiraciones de ocupar ese puesto.

El diputado panista Édgar Hugo Fernández Bernal criticó que se emitiera una nueva convocatoria sin haber declarado desierta la anterior.

El debate sobre la donación de 10 inmuebles y la Casa Veracruz comenzó con una moción suspensiva presentada por la panista Ana Cristina Ledesma López, que fue desechada por los priístas, a quienes les gritaron ¡vendidos! desde el área del público.

Mariela Tovar Lorenzo, presidenta de la Comisión de Hacienda, solicitó que el dictamen fuera devuelto a comisiones y argumentó: Después de que entregamos a presidencia estos dictámenes, llegó información adicional de los ciudadanos que es de vital importancia. La propuesta fue aceptada.

Empresarios, productores que trabajan en el parque Doña Falla (uno de los inmuebles a donar) y vecinos de Casa Veracruz festejaron que se retirara la iniciativa .

Exige destitución de Duarte de Ochoa

Georgina Saldierna y Alonso Urrutia

El Partido Acción nacional (PAN) demandará a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, que impidan la autorización del paquete de impunidad promovido por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de la deuda de 6 mil millones de pesos que aprobó el Congreso de Chihuahua a iniciativa del mandatario saliente, César Duarte Jáquez.

El blanquiazul pidió la destitución inmediata del mandatario veracruzano para que la transición en el estado se pueda llevar a cabo de manera ordenada y pacífica.

El dirigente panista, Ricardo Anaya, y el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, destacaron que Duarte de Ochoa insiste en la designación de un fiscal y tres magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a modo, así como basificar a 24 mil trabajadores de confianza, la mitad de los cuales “son aviadores”, lo que representaría un gasto de mil 500 millones de pesos al año. En conjunto, acusaron, se pretende heredar a la próxima administración finanzas públicas en quiebra.

Anaya puntualizó que exigirá a Osorio Chong una intervención pronta, pues la administración federal está obligada a garantizar la gobernabilidad en todo el país.

Por lo que hace a Chihuahua, Anaya y el gobernador electo, Javier Corral, acusaron que Duarte Jáquez pretende asfixiar a la próxima gestión y reducir al mínimo su margen de maniobra.

Corral recordó que el gobierno de esta entidad ha solicitado empréstitos por 50 mil 700 millones de pesos, pero no para infraestructura o inversión, como ordena la ley, y la deuda adicional de 6 mil millones de pesos se pagará con los ingresos de las carreteras de cuota.

Comprometer estos recursos hasta 2038 nos quita toda posibilidad de manejo de recursos propios, pues sólo a gastos personales se destinan 8 mil millones de pesos de los 11 mil que el estado obtiene por ingresos propios, explicó y pidió a Hacienda no avalar el nuevo débito.

La ASF puede intervenir, dice Virgilio Andrade

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, sostuvo que las reformas para construir el Sistema Nacional Anticorrupción facultan a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para supervisar el ejercicio de los recursos federales que se transfieren a los estados.

Interrogado sobre las iniciativas presentadas por los gobiernos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, agregó que la ASF puede revisar las cuentas de los estados en cualquier momento, no sólo con posterioridad a los ejercicios. Inclusive con las leyes vigentes, cuando la ASF encuentra presuntas irregularidades, presenta los expedientes a la Procuraduría General de la República