Las expresiones en torno al conflicto magisterial continuaron ayer por parte del dirigente del PAN, Ricardo Anaya, quien dijo que no se debe dar marcha atrás a la reforma educativa, al destacar que los maestros participan en las manifestaciones de rechazo porque el gobierno federal no ha sabido comunicar la verdad sobre ese cambio. Aunado a ello, expuso que ha faltado diálogo con los maestros, tanto los de la coordinadora como los del sindicato.

En tanto, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, expuso que es ‘‘urgente’’ encontrar una ‘‘solución conveniente’’. Subrayó que ‘‘todo puede solucionarse cuando hay una verdadera disposición conciliadora’’, así que ‘‘no permitamos que los conflictos sigan creciendo, tenemos la capacidad para resolverlos’’. Advirtió que ‘‘la imposición injusta de ideas o normas, nunca ayudará’’.

Tras señalar que en Monterrey también ha habido manifestaciones de docentes, al igual que en otras entidades, el jerarca refirió que este conflicto ‘‘preocupa y mantiene en tensión a una parte de la sociedad’’. Por ello, se debe tener una solución en ‘‘las mesas de diálogo’’ que se han establecido con las autoridades.

Falacias esgrimidas por líderes magisteriales, advierte el PAN

De su lado, Anaya puntualizó en conferencia de prensa que ha platicado con docentes y muchos creen genuinamente lo que les han dicho de manera falaz algunos de sus líderes, en torno a que se va a privatizar la educación, se cobrarán colegiaturas, los libros de texto dejarán de ser gratuitos y los padres de familia estarán obligados a pagar el recibo de luz de la escuela de sus hijos.

‘‘Si bien esto es absolutamente falso, el gobierno ha sido incapaz de comunicar la verdad y por eso no solamente se están movilizando los maestros, sino también muchos padres de familia y ciudadanos de buena fe.’’

En la Cámara de Diputados, la Asociación Civil Poder Coahuila presentó una solicitud de juicio político contra el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ‘‘por las flagrantes violaciones a la Constitución, a las leyes Federal de Servidores Públicos, del Servicio Profesional Docente, y General de Educación, pues al aplicar las disposiciones relativas a lo que se le llamó reforma educativa, se violan dichos ordenamientos y los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación en el país’’.