Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua en contra de la aprobación de leyes locales anticorrupción generaron opiniones contrarias entre la clase política y legisladores de oposición, ya que mientras dirigentes de Morena y Movimiento Ciudadano consideraron que son ‘‘cortinas de humo’’, el PAN y el PRD aplaudieron la decisión del gobierno federal.

En tanto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dijo en entrevista: ‘‘La gente que se roba dinero debe estar en la cárcel’’, y aseguró que debido a que el país está harto de partidos, ‘‘habrá un presidente independiente’’.

A su vez, diputados federales de Morena y Movimiento Ciudadano calificaron las demandas en contra de los gobernadores Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo) de ‘‘tardías’’ y de ‘‘mero relumbrón’’.

Emiliano Álvarez, diputado por Morena, señaló que Duarte de Ochoa y Borge Angulo son conocidos “desde años atrás por sus reiterados actos de violencia y corrupción; resulta inconcebible que Enrique Peña reaccione hasta ahora’’.

Agregó que la administración federal ‘‘prohijó a ambos delincuentes, quienes propiciaron eventos de violencia contra la población, dirigentes y líderes sociales, y se enriquecieron de forma tal que todos los sectores de sus estados lo pueden corroborar’’. El legislador dijo que el país ya no puede tolerar la corrupción y la violencia oficial desproporcionada.

Para el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Clemente Castañeda, el anuncio oficial ‘‘es una decisión de relumbrón, insuficiente y tardía. El Partido Revolucionario Institucional nominó a estos gobernadores, los más corruptos de los años recientes, pero esto no se limita a Veracruz y Quintana Roo’’.

En tanto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), dio la bienvenida a la acción de inconstitucionalidad promovida por la administración de Enrique Peña Nieto, la cual, dijo, ‘‘fortalecerá el Sistema Nacional Anticorrupción’’.

Zambrano saludó la medida presidencial, porque tiene un sustento suficiente ‘‘en el sentido de que los congresos no pueden aprobar ese tipo de acciones… yo espero que la Corte haga su labor responsable, para que no vaya a quedar este precedente como un símbolo de impunidad’’.

Mientras, la dirigencia nacional de su partido (PRD) señaló que las acciones de inconstitucionalidad anunciadas por la PGR contra los gobernadores del PRI ‘‘son cortinas de humo’’, porque esta figura jurídica es un proceso muy largo que, en el caso del mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ataca sólo una de sus iniciativas.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, avaló la decisión gubernamental de interponer la demanda ante la Suprema Corte contra la iniciativa para crear un fiscal anticorrupción en Chihuahua, pero advirtió que aún falta tomar medidas para evitar que los gobernadores salientes dejen en bancarrota a sus estados.

Puntualizó que pedirá al máximo tribunal que resuelva lo más pronto posible los recursos interpuestos contra las autoridades referidas y sostuvo que con su actuación, las autoridades federales dan un mensaje jurídico y político contundente, pues implica dar la razón al Partido Acción Nacional, que en los pasados días consideró el nombramiento de fiscales anticorrupción por parte de los mandatarios salientes como un intento por garantizarse impunidad.