En los primeros días de agosto será emitida una resolución judicial que permitirá demandar la extradición del empresario Gastón Azcárraga a México bajo acusaciones de lavado de dinero, sostuvo la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

El capitán Eduardo Pagés, presidente de la delegación de Mexicana en ASPA, señaló lo anterior y expuso que desde el año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) había planteado pedir a Estados Unidos el intercambio de Azcárraga, y otros tres delincuentes de cuello blanco, por Joaquín El Chapo Guzmán, pero el proceso se vino abajo debido a la fuga de este último.

Pagés y el capitán Rafael Gutiérrez, quien asumirá en los próximos días la secretaría de la delegación de Mexicana en ASPA, indicaron en conferencia de prensa que esta organización ha interpuesto demandas contra Azcárraga, una por lavado de dinero en contra de la empresa Mexicana de Aviación, ya que saqueó recursos millonarios de la misma, y otra presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues falseó información.

Al respecto han tenido recientemente reuniones con la titular de la PGR, Arely Gómez, y altos funcionarios, incluso los encargados del área de defraudación fiscal y especialistas en extradición, para ver cómo va el proceso contra el empresario por lavado de dinero. Lo que ahora se busca es que sea aprehendido por este delito y lo traigan al país para que cumpla con la justicia, no por el delito de administración fraudulenta, ya que podría salir amparado.

Comentaron que esta organización ya interpuso el recurso de embargo precautorio de los bienes de Mexicana para que los trabajadores sean los primeros en derecho cuando sean enajenados los mismos.

Los representantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, Miguel Yúdico Colín, ofrecieron una rueda de prensa para señalar que confían en que la Suprema Corte atraerá el caso de esta aerolínea, debido a que después de seis años de una desigual batalla, los trabajadores han tenido que luchar no sólo contra los defraudadores que llevaron a la quiebra la empresa, sino también contra intereses de funcionarios y empresarios que no quieren el retorno de la compañía y han impedido que haya justicia para los empleados.