En medio de la realización de megaproyectos, de una política de militarización en las fronteras para contener la migración y de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, la tarea de los activistas y defensores de estas garantías resulta imprescindible en el país.

Sin embargo, en la pasada década se agudizó la situación de acoso, hostigamiento, agresiones, criminalización y asesinatos en contra de los defensores de derechos humanos, alentada y reproducida por una impunidad generalizada en las estructuras de poder.

En el foro-conversatorio sobre la situación que viven los defensores de derechos humanos en México, activistas, académicos y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un escenario crítico, que podría empeorar todavía más en los próximos años.

Reconocieron que si bien hay instrumentos especiales aplicados por el Estado mexicano para cuidarlos, como el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, éstos presentan serias deficiencias.

Argumentaron que el medio más eficaz para proteger a los defensores de derechos humanos es investigar eficazmente los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables, situación que prácticamente no se da, por lo que prevalece la impunidad.

En la mesa participaron Pilar Tavera, de Propuesta Cívica; Berenice Valdez, del Instituto de las Mujeres en la Migración; Rodolfo Córdova, de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y May-ra Alarcón, de la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, moderados por José Luis Manzano, de la Casa del Migrante de Saltillo.

En ese acto, realizado en la Casa Lamm, se repasaron principalmente los temas de los desafíos que enfrentan los defensores en medio de la actual crisis de derechos humanos; el impacto del Programa Frontera Sur, con la militarización y contención del flujo migratorio centroamericano, y propuestas de movilización social para avanzar en la defensa de estos derechos.

Hay que destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que entre 2010 y 2014, organizaciones de la sociedad civil registraron 615 casos de agresiones a personas y grupos defensores de derechos humanos, incluidos 36 asesinatos, siendo Guerrero y Oaxaca las entidades con el mayor número de agresiones.