La arquidiócesis primada de México cuestionó las reformas estructurales del gobierno federal, las cuales, asegura, están haciendo agua, y señaló que 2016 es año del calvario para los mexicanos, ya que se estrangula a millones de personas con nuevas alzas en los combustibles y tarifas eléctricas, poniendo en duda si realmente la reforma energética está corriendo por los caminos adecuados.

Además, dijo, hay inestabilidad social por la reforma educativa y porque la promesa presidencial de que las ciudades, los pueblos, las carreteras volverán a ser espacios de tranquilidad en los cuales los mexicanos transiten con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida, queda en “pura retórica populista.

Los recortes presupuestales, aseguró, amenazan la efectividad de las políticas públicas.

En 2016, añadió, la política de desarrollo social sufrió una disminución de recursos debido a la fusión de programas, perjudicando así a los más pobres. El cinismo no puede ser más descarado cuando los responsables de estas políticas menosprecian informes de organismos internacionales sobre la pobreza rampante, aseverando que se puede vivir holgadamente con 12 pesos diarios, es decir, poco más de 300 pesos mensuales.

En el editorial del semanario Desde la fe, titulado Reformas, un barco que hace agua, la arquidiócesis apuntó que el presupuesto de egresos para 2017 ya no debería amparar lujos irresponsables y salarios indecentes de burócratas que le han fallado al pueblo. No se puede seguir sosteniendo a partidos políticos que disfrutan del gasto público millonario; esto raya en la obscenidad al estar hundidos en los círculos más profundos de desconfianza y desprecio entre los mexicanos.

También criticó las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “no es justo –indicó– concederles prestaciones y compensaciones millonarias a quienes, apoltronados y envueltos en carísimas togas de seda de más de medio millón de pesos, encubren su pragmatismo y favoritismo por ideologías que dinamitan instituciones del derecho, vulnerando preciadísimos valores sociales como el matrimonio entre un hombre y una mujer, la protección de la familia o el respeto a la vida de los niños en el seno materno”.

Además, señaló, en su inicio la presente administración prometió cambios profundos y poner al país en movimiento, y que mientras se consumó el Pacto por México la clase política renovó sus promesas de consolidar los esfuerzos de gobernabilidad, el fortalecimiento del estado de derecho, el sistema democrático y la participación ciudadana.

El gobierno actual, usando las mayorías parlamentarias y los acuerdos tácitos con la oposición, logró un cúmulo de reformas que motivaron los discursos más triunfalistas y atronadores: impulso en todos los niveles, bajas en los precios, inusitado poder adquisitivo, mejoramiento del salario y, sobre todo, promesas de desarrollo para acabar con la violencia, cuya causa, en gran medida, tiene su origen en la pobreza y en la falta de oportunidades.

Sin embargo, “la realidad es distinta y apabullante. Grandilocuentes justificaciones que hacen a México ‘un lugar atractivo para invertir’ contrastan con el crecimiento de la pobreza entre 2012 y 2014, al pasar de 53.3 millones de personas en esa situación a 55.3 millones. Los salarios se han encarecido; hay un bajo crecimiento económico que no supera el 2 por ciento anual; la divisa estadunidense está arrasando con la apreciación de nuestra moneda, pues cuando al inicio del presente gobierno un dólar valía 12.96 pesos, hoy alcanza los 19 pesos”.