La promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es inservible para la ciudadanía, pues deja de lado temas sensibles e importantes para un verdadero combate a este problema, afirmó Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, en tanto que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que queda por delante un trabajo arduo para instrumentar este mecanismo, lo que implicará contar con presupuesto, capacitación e infraestructura.

El senador priísta Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, precisó que será en septiembre cuando el presidente Enrique Peña Nieto envíe al Senado, para su ratificación, el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que remplazará a Virgilio Andrade, y aclaró que la renuncia de éste ya estaba considerada en la reforma constitucional una vez que fueran promulgadas las leyes respectivas.

La senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD, aseveró que uno de los puntos irreductibles sostenidos por la oposición en la negociación del SNA fue la ratificación del titular de la SFP y el nombramiento del fiscal anticorrupción por el Senado.

Esos cargos deben pasar el filtro de las consultas con especialistas, la aprobación meditada de las organizaciones de la sociedad civil y la máxima publicidad en el proceso, por lo que el Ejecutivo federal está obligado a hacer nombramientos pertinentes después de escuchar propuestas y opiniones de todos los sectores interesados.

El presidente del Consejo Nacional perredista agregó que “la llamada ley 3 de 3 fue rasurada; el PRI y sus aliados PVEM y Nueva Alianza lograron obstaculizarla, y dejan a discreción de los funcionarios ocultar su información patrimonial”.

Insistió en que el SNA será letra muerta mientras no estén tras las rejas gobernadores corruptos, como Javier Duarte, del PRI, o Guillermo Padrés, del PAN.

Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la nueva legislación contra la corrupción repercutirá en el ejercicio y respeto de las garantías individuales.

Cualquier desviación de recursos afecta a los grupos y sectores más vulnerables de manera colectiva, lo mismo si estamos hablando de educación o de salud, indicó al ser entrevistado en el mismo acto.

Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, indicó que con la renuncia de Virgilio Andrade al frente de la SFP se cierra uno de los capítulos más desafortunados en materia de combate a la corrupción de la historia de México.

Sostuvo, en un breve comunicado, que acabar con la corrupción es un requisito indispensable para recuperar la seguridad y hacer de México un país de oportunidades para todos.

José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y militante del PRD, dijo que la sociedad no ve voluntad de lucha del gobierno contra la corrupción; no se ha detenido a nadie.

Aseveró que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien desapareció fondos de diversos programas para el campo, no ha sido llamado a cuentas; en la Secretaría de Agricultura se entrega dinero a dirigentes de la Confederación Nacional Campesina sin que rindan cuentas. Es una burla crear un sistema anticorrupción y que no se haga nada ante la evidencia de la corrupción en diversos ámbitos.