n la quiebra absoluta después de que por años funcionó indistintamente como caja chica para financiar elecciones o como fuente de enriquecimiento de directivos como José Ruiz Carmona y Yolanda Gutiérrez Carlín, el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) de la conurbación Veracruz-Boca del Río fue liquidado el pasado sábado en un acto encabezado por el alcalde porteño, Ramón Poo Gil, y entregada su bitácora de operaciones al consorcio MAS, formado por las trasnacionales Aguas de Barcelona y la brasileña Odebretch Ambiental.

Según la lideresa del sindicato Teniente José Azueta, Angélica Navarrete, detrás del madruguete estaría el propio munícipe, quien podría convertirse, junto con funcionarios del gobierno estatal, en dueño de la empresa porque, asegura, la trasnacional no trae dinero para invertir en el estado.

De ahí la sospecha de algún negocio encubierto, pues en la concesión a 30 años hay una cláusula que estipula que después de cinco años el grupo MAS puede continuar prestando el servicio o entregarlo a un particular.

Desde que se supo que se entregaría a una trasnacional la administración tanto del servicio de distribución como del tratamiento de aguas residuales, el proyecto fue rechazado por los usuarios, porque dejará el suministro al libre albedrío empresarial y al juego de la oferta y la demanda, sin un filtro oficial que permita su regulación.

Aprovechando su extrema vulnerabilidad financiera, con un pasivo de 147 millones de pesos más 150 millones que costaría la liquidación de los mil 300 sindicalizados, la embestida contra la base trabajadora permite avizorar un problema de carácter social, ya que la estrategia empresarial se basa en ahorrar, con despidos masivos, los 20 millones de pesos que cuesta la nómina mensual; por lo pronto, el sindicato advirtió que una vez que empiecen los despidos comenzarán en cascada los amparos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.