La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Luna Ramos reconoció que una de las grandes deudas que tiene el Estado mexicano con la sociedad es garantizar que se respeten, en igualdad de circunstancias, los derechos humanos de víctimas y victimarios.

La Constitución (mexicana) ordena que el debido proceso es tanto para los inculpados por la comisión de un delito, que para las víctimas, sostuvo Luna Ramos al participar en la inauguración del foro internacional Equidad para las víctimas en el debido proceso.

Añadió que hoy estamos dando un paso decisivo para el resarcimiento de dichas fallas, comenzamos a mermar ya la desconsideración histórica de la norma frente a los derechos de las víctimas.

A decir de la ministra, quien acudió en representación del presidente de la Corte, Luis María Aguilar, no existe justificación para que los derechos ni del agresor ni del agraviado sean omitidos; la tutela diferenciada en un proceso es inadmisible, atenta contra la esencia misma de los principios que lo rigen, pues donde no hay equidad no hay justicia.

Recordó que desde la promulgación de la Constitución de 1917, que se ocupaba sólo de los derechos de los inculpados, no se contaba con instrumentos legales que establecieran fórmulas de protección normativa para garantizar el apoyo y reparación del daño de las víctimas, tal como ocurrió a partir de junio de 2008 con la reforma de justicia penal, y en 2011 con la reforma en materia de derechos humanos.

Dijo que luego vino la Ley Federal de Víctimas y la creación de su propia comisión, la cual requiere irse adecuando a las necesidades reales de las personas afectadas por la delincuencia. El dolor humano, la angustia y la pérdida que sufre el agraviado por la comisión de un delito son imposibles de reparar por mayores que sean los esfuerzos. No obstante, frente a las limitadas posibilidades de una solución total, la ley (General de Atención a Víctimas) nos ofrece medidas alcanzables que toca a nosotros concretar, destacó la ministra.