e manera extraña, el pasado lunes Enrique Peña Nieto hizo un involuntario homenaje público a la periodista Carmen Aristegui, al colocarla en el centro de su discurso durante un acto en Palacio Nacional en el que promulgó las leyes y modificaciones legales que conforman el Sistema Nacional contra la Corrupción.

Sin mencionarla por su nombre, ni referirse específicamente a los trabajos publicados por el equipo de investigación que ella encabeza, Peña Nieto utilizó inequívocamente el término acuñado por esos periodistas para referirse a la polémica residencia ubicada en la calle Sierra Gorda de las Lomas de Chapultepec: “En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación”.

Este asunto (el de la Casa Blanca) le reafirmó a Peña Nieto que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, que cometí un error (las comas van por cortesía de Los Pinos). A partir de esa elaboración retórica, el ocupante de Los Pinos pidió perdón y disculpas.

Además, Peña Nieto otorgó al laureado reportaje sobre la Casa Blanca un efecto altamente positivo, hasta inspirativo, para fines institucionales y republicanos, pues aseguró que “cada día, a partir de ello (el escándalo de la Casa Blanca: nota del Astillero), estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción. De ahí la importancia del sistema nacional con el que estoy comprometido y el que habré de impulsar con toda determinación”.

Esas palabras de Peña Nieto llevaron a la inmediata consideración de que serían insuficientes, e incluso una artimaña, si no fueran acompañadas de una pública aceptación expresa de que el trabajo de Aristegui y su equipo había sido puntual, profesional y valioso, a la par de que se generasen las condiciones para que pudieran volver a frecuencias radiofónicas abiertas, sin el veto político que decidió o cuando menos ayudó a echar de la difusora MVS al equipo periodístico ya mencionado.

Ayer, la periodista, nacida en la Ciudad de México el 18 de enero de 1964, dio a conocer que, días antes de la pronunciación del discurso del perdón, se había intensificado la presentación de demandas judiciales en su contra, relacionadas con el trabajo periodístico de la Casa Blanca. No es un dato menor que dicha escalada haya coincidido con el anuncio de que ese equipo está por iniciar un proyecto de periodismo a través de Internet.

A la luz de los hechos, el discurso peñista del perdón aparece como una treta preventiva, una taimada fórmula de autoexculpación anticipada. No hubo nunca una genuina aceptación de ilegalidades en el proceso de adquisición y construcción de la Casa Blanca, sino una referencia en tono menor, justificante, pues el error del ex gobernador del estado de México habría consistido en permitir que se produjera la percepción equivocada de algo que, aseguró, había estado absolutamente apegado a la ley.

En lo inmediato, Aristegui acumula demandas judiciales. Una de ellas, de la que dio cuenta ayer mediante un video (https://goo.gl/mfaV0g), pretende que sea retirado de circulación el libro sobre la Casa Blanca que escribieron los reporteros Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, y se reimprima sin el prólogo redactado por la propia Carmen (aquí, dicho prólogo, http://goo.gl/qnTZ0v) y no se hable más de él en medios, conferencias o algunas otras formas de divulgación. El proceso judicial va dirigido contra la periodista y, en cuanto al proceso editorial de recompostura, a la firma internacional Random House Mondadori, que de entrada rechaza ese intento de censura. A Aristegui se le exige una compensación económica, por un monto aún no determinado (pero posiblemente será de varios millones de pesos), a título de daño moral.

Entrampar a periodistas críticos en litigios costosos y erosionantes, y amenazar su patrimonio personal, pareciera ser la novedad en curso en la estantería del poder. Lo mismo ha sucedido al académico y escritor Sergio Aguayo, bajo demanda del coahuilense Humberto Moreira, a causa de un escrito de meses atrás en el que habló de hedor a corrupción e impunidad en torno a quien fue gobernador de su estado y presidente nacional del PRI. Demandada por el perredista Jesús Ortega Martínez, la periodista Sanjuana Martínez ya tiene incluso una sentencia en contra, en proceso de revisión y, en caso de perder ese recurso, con un monto para cobro o embargo que habrá de determinar la juez que lleva el caso.

Al respecto, Rogelio Hernández López, periodista de larga experiencia, quien se ha especializado en la organización y defensa de los intereses legítimos del gremio, escribió recientemente que lo preocupante de este tipo de casos es lo que está en el fondo: amedrentar con la aplicación de la ley para acallar a un periodista. Si prende esa demanda (refiriéndose a Aguayo) será por fuerzas extralegales y el mensaje florecerá; si lo acallan a él, será más fácil con otros menos fuertes. El caso es rodeado por la atmósfera nacional de agravios contra periodistas mexicanos, para silenciar.

Agrega Hernández López: son demasiados los indicadores: amenazas directas o indirectas, presión a sus empleadores, agresiones verbales o físicas y asesinatos. Hasta ahora, el tipo de agresión menos usada por políticos y particulares es la presión jurídica. Y lo jurídico es el ámbito donde se han creado más restricciones y sombras amenazantes a la libertad de expresión. No sólo existen los códigos civiles para que la gente se defienda del periodismo mal ejercido, sino que ya son decenas de normas que restringen el libre flujo de la información y de las opiniones (http://goo.gl/DjkIXc).

Y, mientras se cierra el círculo de la simulación de diálogo, las mesas escenográficas, la provocación armada en Chiapas (incluso con el uso de paramilitares, denuncia la CNTE) y los foros inducidos para aprobar el modelo educativo, ¡hasta el próximo lunes!

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