La Procuraduría General de la República (PGR) está en proceso de cumplir las 47 observaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y las investigaciones ya han arrojado que los restos de tierra que contenía la bolsa rayada hallada en el río Cocula con restos humanos corresponden al tipo de suelo del basurero municipal de esa misma localidad, solamente que el Ministerio Público Federal solicitará el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar estudios en edafología, como los solicitó el organismo que encabeza el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Durante una entrevista con La Jornada, el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos Torres, el fiscal para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, y el titular de la Unidad de Asuntos Especiales en Derechos Humanos, Luis García, señalaron que la investigación de los vínculos y redes de las llamadas telefónicas que se generaron el 26 y 27 de septiembre de 2014 entre diversos actores que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa es un aspecto que se trabaja a grado muy minucioso, ya que el punto representa una de las prioridades en este momento para la investigación y puede ser revelador.

Lo anterior, luego de que en días pasados José Trinidad Larrieta Carrasco, director de la Oficina Especial del Caso Iguala de la CNDH, señaló que todavía hay una larga lista de pendientes en el cumplimiento de las observaciones y propuestas planteadas a la PGR desde el 23 de abril de 2015, que son acciones claves para avanzar en el caso y que sin esas, no creo que se pueda llegar a la verdad.

Durante el encuentro, el subprocurador Betanzos Torres señaló que la PGR ha entregado información en dos momentos a la CNDH, y reconoce el trabajo que efectúa ese organismo autónomo.

En ese contexto resaltó que todas las observaciones que ha hecho la CNDH están en proceso de cumplimiento.

Por ejemplo, detalló, “la primera recomendación fue que se elaboraran las fichas de identidad de los estudiantes –los 43 normalistas que desaparecieron en Iguala desde el 24 de septiembre de 2014–, y para ello el Ministerio Público Federal tuvo que obtener los elementos que se entregaron a la fiscalía de Guerrero, los datos que recopiló la Comisión Nacional de Seguridad y aquellos que obtuvo la PGR, así como la información del Equipo Argentino de Antropología Forense”, con lo que ya se integró la base de datos.

Asimismo, apuntaron, hacemos todas las acciones para que se cumplan, pero requiere tiempo que sean evaluadas; algunas de las solicitudes tienen que ver con cuestiones genéticas y se realizan en la Universidad de Innsbruck, Austria; algunas otras ha derivado en mayores peritajes o diligencias que se desarrollan.