Acapulco, Gro.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco dio a conocer que desde hace casi siete meses no ha recibido viáticos para trasladarse a zonas lejanas del municipio. De igual manera, trabajadores que solicitaron anonimato aseguraron que al menos 120 cadáveres permanecen en las instalaciones del Semefo, en la Fiscalía General del Estado en la colonia Progreso, pese a que la capacidad máxima es de 90 cuerpos.

Todavía hay cadáveres del crematorio clandestino descubierto en febrero de 2015 en Llano Largo, en la periferia de Acapulco, en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, dijo uno de los empleados. Añadió que el Semefo de Acapulco cuenta con cuatro refrigeradores, de los cuales solamente tres funcionan al ciento por ciento.

Las cargas de trabajo han aumentado debido a la cantidad de homicidios en el puerto y zonas vecinas (este año se han cometido alrededor 550 asesinatos).

Riesgo sanitario

El 13 de septiembre de 2013, el manejo del Semefo en la entidad fue transferido de la entonces Procuraduría General del Estado (hoy fiscalía) a la Secretaría de Salud (Ssa) estatal. Esta decisión se tomó, según el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del gobierno de Guerrero, debido a que la Ssa tiene la responsabilidad operativa y normativa de llevar a cabo las necropsias de ley para alcanzar la debida objetividad, neutralidad y transparencia técnica.

Debido al hacinamiento de los cuerpos, en los seis meses recientes se reportó que dos trabajadores contrajeron enfermedades y sus compañeros señalan que desde el escándalo del crematorio clandestino la situación no ha cambiado.

Uno señaló: “Hay un virus suelto, hay muchas enfermedades. Hay un compañero llamado Gilberto, quien tuvo que dejar de trabajar y se fue a tratar a Chilpancingo. Tuvimos que pedir dinero para comprar cal y al menos proteger así los cuerpos.

Un refrigerador está descompuesto y las condiciones son insalubres. Somos 20 empleados y no nos pagan viáticos desde diciembre de 2015. Acotó que el Semefo de Acapulco presta servicios a municipios de la Costa Chica y la Costa Grande de Guerrero.

Los cuerpos no están identificados y no hay espacio en la fosa común, ubicada en el panteón de El Palmar, y la Fiscalía General del Estado no ha completado el proceso administrativo para canalizar los cuerpos.