Desde hace décadas, el Estado mexicano tiene una enorme deuda para garantizar el debido proceso, pero no sólo a los presuntos responsables de algún delito, sino también para quienes han sido víctimas de esos ilícitos o de violaciones graves a sus derechos humanos.

Académicos y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos aseguran que desde hace tiempo algunos grupos civiles alientan una errónea controversia sobre la prevalencia que deben tener los derechos de las víctimas sobre los de los inculpados.

Para Alejandra Nuño, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, el sistema judicial debe garantizar el respeto de los derechos humanos de ambas partes. Finalmente, el artículo 20 constitucional (relativo al proceso penal acusatorio y oral) habla de las garantías que tienen los dos, asevera.

En tanto, Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), recordó que la actuación de los cuerpos policiacos ha estado guiada tradicionalmente por la tortura y la fabricación de culpables, con lo cual se violan los derechos de los imputados, pero también se vulnera a las víctimas, pues se les impide el acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño y las garantías de no repetición.

Entrevistados por separado, los dos especialistas subrayaron que precisamente porque en el país no se ha respetado el debido proceso –violándose algunas veces los derechos de quienes resultan perjudicados por los delitos y otras veces los de los inculpados– cada vez más instancias internacionales de derechos humanos han señalado a México su impostergable obligación de mejorar su sistema de procuración de justicia.

Nuño, quien se ha dedicado la litigar casos de derechos humanos en el país y a escala internacional, aseguró que a México le urge un estado de derecho, y eso implica el reconocimiento de derechos para todas las personas.

Si una persona cometió un delito, qué bueno que se le detenga, se le procese y se le castigue conforme a derecho. Así debe ser. Pero creo que en muchísimas ocasiones se han cometido graves injusticias contra personas injustamente acusadas de algún delito, y tenemos una deuda muy importante con ellas, y también con las víctimas, subrayó.

En esta tarea es esencial, por una parte, tener jueces capaces, sensibles y que valoren objetivamente las pruebas presentadas, y por el otro contar con autoridades y policías que realicen investigaciones científicas que comprueben las acusaciones, porque durante mucho tiempo y muchas veces ha sido la declaración extraída mediante tortura el principal argumento para mantener a una persona en prisión.