El gobierno federal y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos llegarán este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, sin una posición consensuada sobre las características del mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala.

Anoche, tras una prolongada reunión, persistieron las divergencias en tres de los ocho puntos sugeridos por la CIDH, por lo que el organismo regional definirá los temas pendientes.

Aunque los subsecretarios de Gobernación, Roberto Campa, y Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, declararon haber acordado las bases, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, advirtió que quedaron asuntos sin consenso. Estos son el número de integrantes del equipo técnico de seguimiento, cuántas visitas realizarán al país los comisionados de la CIDH, y los temas a tratar en éstas.

Sobre el primer punto, los padres señalan que el gobierno pretende cerrar el número a sólo dos personas, sin posibilidad de ampliarlo si fuera necesario. Acerca de las visitas de los comisionados, unos proponen que sean tres y otros cuatro, entre los meses de agosto y abril de 2017.

Respecto a los temas a abordar, el gobierno propone que sean lo relativo a la investigación, la búsqueda y atención de las víctimas. Los padres advierten que “esta posición vulnera el espíritu y las facultades amplias de monitoreo que tiene la CIDH y no dividirlas en temas determinados”.

Ambas partes acordaron reunirse el próximo lunes ya con el mecanismo definido.