Desde enero de 2014, el Senado solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que creara una fiscalía especial que investigara los homicidios de presidentes municipales; sin embargo, el Ministerio Público federal no ha atendido la petición y cuando ha atraído algún caso lo deja en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) sin que se conozcan los resultados de investigaciones, como el caso de Carlos Ramírez López, alcalde de Villa de Ocampo, Durango, ocurrido en junio de 2009.

El punto de acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 29 de enero de 2014, y fue presentado, entre otros senadores, por Alejandro Encinas Rodríguez y Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La propuesta de los legisladores surgió luego de que en octubre de 2014, durante 18 días, se realizó una huelga de hambre frente al Senado en demanda de mayores recursos para los municipios con menos de 50 mil habitantes.

Los legisladores exhortaron a la PGR a atraer la investigación y esclarecer el asesinato de Ignacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, en hechos ocurridos en noviembre de 2013.

Para esa fecha, los senadores tenían información de que entre 1996 y 2004 habían sido asesinados 44 alcaldes.

La propuesta senatorial no tuvo mayor impacto y la Procuraduría General de la República no ha constituido ninguna fiscalía que se encargue particularmente de indagar los homicidios de los presidentes municipales de diversas comunidades del país.