Por 17 votos contra nueve, el Congreso de Aguascalientes rechazó la reforma constitucional que hubiera eliminado el fuero de servidores públicos y permitido que sean procesados penalmente durante su encargo. Para eliminarlo se requerían 18 votos.

En la última sesión del último periodo ordinario de la sexagésima segunda legislatura, sólo se presentaron 11 de los 12 legisladores del Partido Revolucionario Institucional (faltó Juan Esparza Alonso). Tanto los partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, con dos legisladores cada uno, como los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que tienen uno, votaron a favor. En el Partido Acción Nacional (PAN) hubo seis abstenciones y un voto en contra, Además, los dos legisladores de Nueva Alianza (PAnal) votaron en contra.

La iniciativa fue presentada por el diputado panista Mario Álvarez Michaus, quien propuso quitar el fuero a gobernador, diputados, magistrados, jueces, alcaldes, regidores, consejeros electorales, comisionados de transparencia y al ombudsman local en caso de ser sujetos de responsabilidad penal.

El diputado priísta Enrique Juárez dijo que el Panal y el PAN han quedado en ridículo porque han presentado esta iniciativas dos veces (la primera hace cinco años y la segunda en mayo pasado), pero hay “incongruencia entre lo que exigen sus dirigentes nacionales, que gritan todos los días ‘fuera el fuero’, y en Aguascalientes los del PAN se aferran a tener inmunidad”.

En Guanajuato, la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó al Poder Legislativo el desafuero del regidor perredista del ayuntamiento de Guanajuato, Julio César García Sánchez, quien enfrenta proceso penal por violencia contra su ex pareja.

En esta entidad, el blanquiazul ingresó al Congreso una iniciativa para eliminar el fuero. Ésta se suma a la del PRD, que plantea quitar esta prerrogativa a presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados, magistrados, miembros del Consejo del Poder Judicial, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, consejeros del Instituto Electoral y funcionarios de primer nivel.