Sábado 30 de julio de 2016, p. 17
Madrid.
El presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Íñigo Urkullu, anunció ayer su decisión de adelantar las elecciones autonómicas del País Vasco para el próximo 25 de septiembre.
El líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV) justificó su decisión argumentando que su equipo de gobierno ya finalizó el programa electoral, porque existe un receso en la actividad parlamentaria y se intentará esquivar la inestabilidad
que existe en la política española, de parálisis y bloqueo, desde las elecciones del 20 de diciembre.
El País Vasco, una de las regiones más ricas y prósperas del Estado español, celebrará nuevas elecciones con algunas novedades políticas importantes. Entre ellas, la presencia como candidato del líder del independentismo vasco Arnaldo Otegi, quien salió de la cárcel en marzo anterior y desde entonces trabaja para configurar una propuesta acorde con las reivindicaciones históricas de la izquierda separatista vasca.
Algunos cambios
Otra novedad es la presencia de la formación Podemos, que concurrirá en las primeras elecciones autonómicas en la región. A pesar de su juventud, ya se considera uno de los principales aspirantes a alzarse con la victoria.
La candidata de Podemos será Pilar Zabala, hermana del militante vasco José Ignacio Zabala, asesinado por los Grupos Antiterroristas de Liberación en la década de los 80, en lo que fue uno de los crímenes más graves de ese grupo ilegal, impulsado, financiado y auspiciado por el gobierno presidido entonces por el socialista Felipe González.
Urkullu en realidad sólo adelantó las elecciones un mes, toda vez que la legislatura finalizaría el próximo 20 de octubre, pero decidió la fecha también en función de la situación de bloqueo institucional que se vive en España tras las elecciones generales de diciembre y junio pasados, en las que el Congreso de los Diputados quedó fragmentado en cuatro grandes bloques y sin visos de gobernabilidad.
En Madrid se dio a conocer que el tribunal que juzga el caso Gürtel citará a declarar como testigos a miembros de la cúpula del Partido Popular en la época de gobierno de José María Aznar, entre ellos, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato y los ex ministros Jaime Mayor, Javier Arenas y Francisco Álvarez.