Los modelos de contratos (individuales y en consorcios) y las bases de licitación de la cuarta convocatoria de la ronda uno para la adjudicación de licencias de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México fueron modificados por las secretarías de Energía y de Hacienda, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), informaron las dependencias el viernes.

Entre las modificaciones a tales documentos, que originalmente se dieron a conocer el pasado 16 de mayo, destaca que ahora las empresas contratistas tendrán la opción de sustituir a la empresa miembro del consorcio o asociación en participación que haya incumplido la mayoría de las causales de la rescisión contractual.

También se modificaron las causales de rescisión administrativa para iniciar el procedimiento al contratista y no a las empresas participantes miembros del consorcio o de la asociación en participación. Lo anterior, sin modificar los periodos de cura ni las agravantes.

Las adecuaciones y cambios realizados se basan en las mejores prácticas internacionales en la materia con el fin de otorgar certeza jurídica a los operadores, así como salvaguardar el interés del Estado mexicano al promover mayores inversiones, incrementar la generación de empleos, aumentar la producción de hidrocarburos y asegurar que el Estado reciba la renta petrolera, aseguraron.

Entre los principales cambios también destacaron que se ajustó la definición de accidente grave conforme a las mejores prácticas de la industria.

En cuanto a los efectos de la rescisión administrativa o rescisión contractual se clarifica que el contratista deberá pagar a la nación daños directos e inmediatos.

La CNH emitirá la constancia de cumplimiento al contratista en un plazo no mayor a 60 días posteriores a que concluyan los compromisos de trabajo para cada periodo de exploración.

Además, se alinearon los contratos al proyecto de la CNH que regulará las cesiones que impliquen cambios de control de operación o corporativo y de gestión cuando impacten únicamente al contratista y no a cada una de las empresas participantes miembros del consorcio o asociación en participación.

Respecto a la fase de exploración se fijaron disposiciones para ampliar el plazo de los periodos de exploración inicial y primero adicional con el propósito de permitir la conclusión de actividades en proceso de ejecución; también se fijó el monto de la pena convencional en caso de retraso en la presentación del plan de exploración.

La duración de la etapa de transición de arranque se amplió de 90 a 120 días y se detallan los requisitos que deberá cumplir el contratista respecto a la evaluación de impacto social.