Caracas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, suspendió los incrementos a las tarifas de servicios de telecomunicaciones que anunciaron operadores estatales y privados a partir del primero de agosto, que en algunos casos alcanzaban 500 por ciento, se dio a conocer ayer.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones informó en un comunicado que, por instrucciones del mandatario venezolano, queda suspendida la aplicación de los aumentos a precios y tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones.

En respuesta a las demandas de ajuste de precios de los operadores de telecomunicaciones, debido a la espiral inflacionaria en el país, Maduro convocó a una mesa de trabajo para el primero de agosto, con el propósito de revisar todos los temas vinculados con la prestación de servicios.

Las estatales Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela y Movilnet, que habían anunciado la entrada en vigencia de las nuevas tarifas a partir del lunes próximo, dieron a conocer que acatarán de manera inmediata la decisión de no elevar el precio de sus servicios.

La falta de dólares

Por su parte, empresas privadas de telefonía e Internet publicaron en días recientes que aplicarían alzas, que iban de 190 a 500 por ciento, en medio de la falta de dólares ocasionada por la caída de los precios del petróleo.

El año pasado Venezuela registró una inflación de 180.9 por ciento, la más alta del mundo. Para 2016, el Fondo Monetario Internacional pronostica que alcanzará 720 por ciento.

Por otra parte, la fracción parlamentaria del oficialismo solicitó este sábado al Tribunal Supremo de Justicia anular la reincorporación de tres diputados opositores, quienes regresaron el jueves pasado a la Asamblea Nacional con el respaldo de la oposición.

El jefe de la fracción oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que la reintegración de los tres legisladores por el estado de Amazonas, votada el jueves por la mayoría opositora, debería ser anulada. Recordó que los diputados amazónicos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana fueron suspendidos tras una denuncia presentada por una organización oficialista, que acusó a la gobernación opositora de ese estado de haber incurrido en la compra de votos durante las elecciones parlamentarias.