Debido a que saquearon su vivienda dos veces y a ella asaltaron fuera de la misma; no había escuelas cercanas para su hija y hacía casi tres horas de traslado a su trabajo, Sandra S abandonó la casa que adquirió con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) en Huehuetoca, estado de México, y rentó un cuarto en la Ciudad de México. Ahora está en proceso jurídico ante el instituto porque dejó de pagar el préstamo.

Ella es una de los miles de trabajadores sin recursos para cubrir su deuda acumulada y a quien no le interesa pagar una vivienda que ya no habitará. Ya la di por perdida, asegura, y está resignada a no tener casa propia.

El fraccionamiento en referencia es uno de los cientos construidos en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón en zonas alejadas de los centros urbanos, desconectados de servicios de transporte público regular y de centrales de abasto y de comercio y, principalmente, sin seguridad pública, escuelas y centros de salud. Gran parte de esos desarrollos habitacionales se levantaron en el estado de México y se han convertido en unidades fantasmas.

El problema de las viviendas abandonadas, cuyo número es aún incalculable, ha llegado a ser mayúsculo, por las pérdidas económicas que han significado para instituciones y constructoras y, sobre todo, para las familias de los trabajadores. También ha derivado en conflictos sociales y ha generado que un número importante de colonias y fraccionamientos del país sean tierra de nadie, señaló la organización Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna.

Añadió que luego del boom de construcción de vivienda, que comenzó en 2000 y duró casi dos sexenios, vino la cruda, cuando miles de compradores dejaron las casas porque no tenían servicios (muchas incluso carecían de agua y luz), presentaban fallas estructurales, estaban lejos de vías de comunicación y acceso al transporte y, principalmente, porque se encontraban en zonas azotadas por la inseguridad.

Precisamente Tijuana y Ciudad Juárez tienen el mayor número de viviendas abandonadas del país, según el informe México, transformando la política urbana y el financiamiento de la vivienda, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual expone que, entre sus miembros, México, Argentina, Irlanda, España y Portugal tienen la mayor cantidad de casas deshabitadas.

En Tijuana hay cerca de 124 mil viviendas deshabitadas y 111 mil en Ciudad Juárez, según el informe. Juntas suman 20 por ciento del total de casas con este problema en el país. Les siguen Mexicali, Matamoros, Puerto Vallarta, Colima y Morelia.

Sin embargo, cifras parciales de organismos estatales revelan que hay ciudades inundadas de unidades habitacionales fantasmas. Información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, revela que hay más de 7 mil 500 casas abandonadas en 15 colonias de esa ciudad, entre ellas el fraccionamiento Santa Cecilia (con cuatro de cada 10), Villas de San Miguel (con más de mil 500 casas desocupadas), Los Olivos, Valles de Anáhuac, Colinas del Sur, 150 Aniversario, Valles del Paraíso, Toboganes, Nuevo Progreso, Voluntad y Trabajo, Villas del Sol, Los Colorines, Madero y Nueva Era.

En Durango, tan sólo en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo están todavía abandonadas 2 mil casas de las 4 mil 400 que había al inicio del sexenio, según cifras del Infonavit. En Mexicali, la dirección de servicios públicos municipales ha llevado a cabo casi 2 mil operativos de retiro de basura en unidades fantasmas, así como demolición de construcciones en riesgo de desplome.

Para la OCDE es paradójico que mientras en México hay gran necesidad de vivienda exista una alta tasa de casas no habitadas por la desvinculación que hubo entre las empresas constructoras y la política de desarrollo urbano.

Por ello una de las prioridades de la política de vivienda del país para lo que resta del sexenio será recuperar las casas abandonadas. El Infonavit ya inició una nueva fase de subastas de inmuebles recuperados, en las que espera colocar cerca de 30 mil este año. Ante la reiterada pregunta sobre el número de casas que el organismo tiene en esta condición, su director, David Penchyna, ha declinado dar una cifra, pero extraoficialmente se sabe que el instituto tiene más de 200 mil.

En una reunión del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, el funcionario informó que para disminuir este problema, en Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco se llevarán a cabo, además de las subastas, la firma de convenios con los municipios más afectados, a fin de que elementos del Ejército y de las fuerzas de seguridad estatales y municipales, sin ser derechohabientes, puedan adquirir propiedades por medio de un programa de afiliación voluntaria y aportaciones.

Incluso reveló que pronto anunciará un esquema con el cual, por medio de figuras de fideicomisos de aportación voluntaria, trabajadores del sector formal e informal podrán incorporarse al financiamiento para vivienda.

Luego de la primera subasta de 3 mil construcciones, Penchyna insistió en que con este nuevo modelo el organismo tendrá un ingreso extraordinario importante que irá a la subcuenta de vivienda. Indicó que conforme se vayan resolviendo los procesos jurídicos en que se encuentran estas casas se armarán paquetes para ofertarlas. Explicó que en el pasado se abusó del modelo de construir vivienda por construirla.

No obstante, la Comisión de Vivienda de la Confederación Patronal de la República Mexicana advierte que parte de estas casas sufren también invasiones.