La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa más señalada por organizaciones sociales de violar los derechos humanos al promover proyectos energéticos en comunidades indígenas sin consultar a la población.

En el informe que más de 100 organizaciones de la sociedad civil entregaron a un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que recorrió el país durante 10 días para verificar el cumplimiento de los principios rectores del organismo internacional sobre empresas y derechos humanos en México, se documentan al menos cinco casos en los que la empresa productiva del Estado habría cometido abusos contra comunidades indígenas al no consultarlas previamente sobre los proyectos que desarrollaría, así como por amenazas, intimidaciones y detenciones arbitrarias, entre otros.

Los casos en los que las organizaciones civiles acusan a la CFE por presuntas violaciones a sus derechos tanto humanos como a la consulta previa de las comunidades son los de las hidroeléctricas Chicoasén II en Chiapas; La Parota en Guerrero, y la de las Las Cruces en Nayarit, así como en la construcción de la terminal de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Colima y los abusos contra la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la compañía en Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, estado de México y Chihuahua.

Los principios rectores de la ONU establecen que las empresas propiedad del Estado, paraestatales o productivas del Estado deben poner el ejemplo en cuanto a mejores prácticas para promoverlas también entre empresas privadas. Sin embargo, la CFE promueve estos proyectos sin respetar el derecho a la consulta previa libre e informada de parte de pueblos indígenas y equiparables, como los ejidales, dijo Fernanda Hopenhaym, subdirectora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), una de las organizaciones civiles que participó en la elaboración del informe a los visitantes de Naciones Unidas y acompañó a los observadores en su recorrido por el país.

La especialista consideran que los 68 proyectos industriales –entre minas, parques eólicos y presas, entre otros– denunciados por las organizaciones civiles afectan por lo menos a 80 comunidades.

Preocupa que justo Pemex y la CFE sean de las empresas más señaladas por malas prácticas frente a los derechos de las comunidades locales, dijo Hopenhaym.

En el caso de Pemex las organizaciones civiles señalan que la empresa, junto con otras del sector textil, químico, petroquímico y automotriz, han provocado devastación socioambiental en el Río Atoyac en Tlaxcala y Puebla.

Refirió que si bien en la reforma energética se aprobaron las evaluaciones de impacto social –similares a las manifestaciones de impacto ambiental pero en temas sociales– a través de las cuales tanto Pemex como las otras empresas de la industria de hidrocarburos que entren al mercado energético deberían realizar procesos de consulta a las comunidades, hasta el momento las organizaciones civiles no han tenido acceso a esos documentos ni saben cómo se están conduciendo las empresas.

En un informe previo al que presentarán a más tardar en junio del próximo año, los expertos de la ONU refieren que en México esos procesos de consulta nunca son previos, pues los permisos ya están otorgados y aunque en algunos casos se condiciona la aprobación de la manifestación de impacto ambiental a la realización de una consulta, ya están preaprobados.

Es algo que vemos con mucha preocupación porque los estándares del convenio 169 de la OIT sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta establece claramente que ésta debe ser previa, es decir, antes de que se concesione el territorio y se empiecen a entregar los permisos para proyectos de cualquier naturaleza que sean en territorio indígena. En este caso de las empresas paraestatales ha sido algo que no se ha cumplido, dijo Hopenhaym.