Los planes para reforzar las actividades de inteligencia tendrán que detenerse
Sábado 10 de septiembre de 2016, p. 5
El presupuesto 2017 para la Secretaría de Gobernación (SG), acorde con la propuesta del Ejecutivo federal, es 9 mil 313 millones de pesos menos que el año en curso, es decir, 14 por ciento a la baja, al pasar de 67 mil 472 millones, a 58 mil 159 millones de pesos.
Con este recorte se disminuye el dinero para programas prioritarios en esta dependencia, relacionados con la seguridad (tanto a nivel de prevención y operativos contra el delito), registro de población, migración y erradicación de violencia contra las mujeres, entre otros. Igualmente, el gasto para construcción de infraestructura es mínimo.
Los recursos para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo de inteligencia civil del gobierno federal, van a la baja. De ser una instancia privilegiada en los años recientes, con planes de expansión (en el bienio anterior se dispuso de más de 500 millones de pesos para la construcción de cinco centros regionales de inteligencia), ahora no tendrá ese alcance, sino que sólo contarán con gastos operativos, de tal forma que pasa de un nivel de 3 mil 273 milones de pesos, a 2 mil 823 millones, es decir, 15 por ciento menos.
En cuanto al sistema penitenciario, los recursos a este rubro pasan de 18 mil 841 millones de pesos a 16 mil 615 millones, lo cual significa una reducción de al menos 12 por ciento. Una situación similar ocurre en la Policía Federal, con un cambio de 26 mil 28 millones a 25 mil 654 millones.
En el caso de los subsidios federales a municipios, el proyecto del Presupuesto de Egresos 2017, entregado el jueves pasado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a la Cámara de Diputados, indica una baja de casi mil millones de pesos (pasaría de 5 mil 952 millones a 5 mil millones), esto es, 16 por ciento, en momentos en que se ha disparado el índice de homicidios dolosos en más de la mitad de entidades del país.
También hay bajas en las instancias responsables de la política y la aplicación de la ley de migración, pese a un aumento del flujo de extranjeros en situación irregular.
El Instituto Nacional de Migración tiene actualmente un presupuesto de mil 809 millones de pesos, y la propuesta para el año entrante es de mil 670 millones.
Lo mismo ocurre con lo relativo a los planes en materia de población. El Registro Nacional de Población, responsable de la depuración de las bases de datos en esta materia y de la expedición de la clave de identidad (comprometida por el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014), tiene ahora 579 millones de pesos, y la propuesta para el año entrante es reducir los recursos a 410 millones, lo que equivale a una merma de casi 30 por ciento.
El Archivo General de la Nación pasaría de 321 millones a 67 millones, debido a que ya no contará con dinero para obra; en 2016 tuvo 250 millones de pesos en concepto de inversión, debido a que está en construcción su nueva sede.
Son pocas las áreas con aumentos moderados para el año entrante, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que pasaría de 22.5 millones a 25.4 millones de pesos. Igualmente, para la comisión nacional antisecuestro se propone una leve alza.