Nueva York.

Los dos rayos de luz que brotan de la zona cero hacia el infinito, marcando las ausentes Torres Gemelas, se ven a unos 100 kilómetros de distancia. Por decimoquinta ocasión se realizará un acto ante el monumento al 11 de septiembre de 2001, se tomarán turnos para la lectura de los nombres de los casi 3 mil muertos, ondearán banderas y habrá momentos de silencio. Inmediatamente después, quienes deseen continuar con la normalidad, podrán ir de shopping al nuevo mall, recién inaugurado, justo al lado y debajo de esta supuesta tierra sagrada.

Esta fecha y sitio marcan el comienzo de la aparentemente infinita guerra contra el terrorismo, proclamada por el gobierno de Estados Unidos, la cual incluye un frente interno y otro mundial, en el que el mensaje oficial es: Si ves algo, di algo, en la que todo es sospechoso, en la cual, en nombre de la seguridad y defensa de la libertad, se han sacrificado ambas cosas.

La estrategia de seguridad

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 nuestro gobierno llevó a cabo políticas sistemáticas de tortura, asesinato, detenciones sin límite, vigilancia masiva y discriminación religiosa. Violó la ley, erosionó muchos de nuestros valores más preciados y nos hizo menos libres y seguros, resume la American Civil Liberties Union (ACLU), una de las principales organizaciones nacionales de defensa de los derechos civiles. Señala que aunque la tortura y la práctica de rendición extraordinaria ya no son llevadas a cabo oficialmente, casi todas las demás políticas permanecen como elementos básicos de la estrategia de seguridad nacional del país.

Desde que se inician las guerras más largas de la historia de este país en Afganistán e Irak, los casi 3 mil muertos en los atentados del 11-S están ahora acompañados por más de un millón de otros seres humanos en Irak y Afganistán que han caído en nombre de la cruzada antiterrorista. Que la guerra contra Irak fue justificada con mentiras y engaños y es considerada ahora uno de los peores desastres de política internacional, cuyas secuelas siguen retumbando por todo Medio Oriente, se acepta generalmente, pero todo continúa. Por ejemplo, ambos candidatos presidenciales califican esa guerra de error y hablan de cómo procederán, prolongando y hasta ampliándola.

Desde el empiezo de una guerra abierta y otra clandestina en el ámbito internacional, el gobierno estadunidense violó repetidamente el derecho internacional, incluyendo las convenciones de Ginebra. Invadió Irak sin aprobación de la Organización de Naciones Unidas y lanzó operaciones secretas, que incluían el secuestro de sospechosos y su detención en sitios negros en varios países; el uso extenso de la tortura por la CIA y la rendición extraordinaria al entregarlos a otras naciones para martirizarlos al servicio de Estados Unidos; abrir un campo de concentración en Guantánamo para detener indefinidamente y privar de derechos fundamentales a combatientes enemigos, y, por otro lado, repetidas intervenciones de fuerzas especiales en varios países sin autorización –algo que sigue hoy día.

Mientras se da lectura a los 2 mil 753 nombres de las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas, 184 en el Pentágono y 40 en Pennsylvania, nadie conoce los nombres, ni el número preciso, de las víctimas de la guerra contra el terror.

Un cálculo en 2015, elaborado por Physicians for Social Responsability, Physcians for Global Survival e International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Premio Nobel), concluye que después de 10 años de la guerra contra el terror por lo menos 1.3 millones de seres humanos han perdido la vida en Irak, Afganistán y Pakistán (el número es 10 veces más de los cálculos manejados comúnmente a escala oficial y por los medios de información.

Los costos también se registran con los 3 millones de desplazados en Irak, más las secuelas de esta guerra que todos tienen a la vista hoy día en imágines como la de un bebé muerto en una playa o la de un niño de cinco años sacado de los escombros, en las noticias de los flujos masivos de millones de refugiados por el desastre vinculado con la llamada guerra contra el terror.

En la nueva fase de la guerra, los ataques son realizados en gran parte a control remoto, a través de drones. Según el Bureau of Investigative Journalism, en Inglaterra, el número mínimo de muertes civiles por ataques con drones en Pakistán, Afganistán, Yemen y Somalia es de 4 mil 599; al menos 184 víctimas son niños (https://www.thebureauinvestigates.com).

El proyecto Airwars (https://airwars.org) intenta monitorear el número de ataques aéreos de todo tipo en la guerra contra el Estado Islámico en Irak, Siria y Libia. Sus datos más recientes: 14 mil 908 en Irak y Siria en los pasados 764 días, con 52 mil 328 bombas y misiles arrojados, y un mínimo de mil 592 civiles fallecidos.

En el frente interno, a partir del 11-S se ha conformado un aparato de seguridad nacional sin precedente, incluyendo la creación del Departamento de Seguridad Interna –ahora la agencia gubernamental más grande– y la ampliación de poderes de múltiples dependencias federales, estatales y locales que tienen que ver con la seguridad de todo tipo, desde la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), donde trabajaba Edward Snowden; hasta la CIA, la FBI, la DEA y policías locales.

La disidencia y oposición a la guerra contra el terror también han sido constantes y, a veces, suprimidas o criticadas bajo el nuevo esquema antiterrorista. Poco después del 11-S, con el gobierno de George W. Bush preparando la invasión a Irak (país que, vale recordar, no tuvo ningún vínculo con los atentados), surgió uno de los movimientos antiguerra más grandes en los tiempos modernos de Estados Unidos, con una de sus consignas más comúnes: No en nuestro nombre, proveniente de algunas familias de víctimas de las Torres Gemelas, las cuales exigían que no se usara esa tragedia para justificar otra.

A la vez, agrupaciones de defensores de derechos constitucionales y libertades civiles, como el ACLU, el Centro por los Derechos Constitucionales y el Gremio Nacional de Abogados, se manifestaron y enfrentaron en las calles y tribunales la Ley Patriota y cientos de medidas y autorizaciones ejecutivas para permitir el espionaje masivo sin autorización judicial, las infiltraciones de movimientos disidentes y la detención de miles de musulmanes dentro del país. Otros batallan hasta hoy contra la ola antimigrante que se desata cuando políticos y otros (hoy día, Trump y sus aliados) caracterizan a los indocumentados y otros extranjeros como amenaza a la seguridad nacional.

El gasto total de la guerra contra el terror es difícil de calcular. Sólo las operaciones militares, según estimaciones del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS), ascienden a 1.5 billones de 2001 a 2015 (eso es, como 14 millones de dólares la hora). Un nuevo informe del Proyecto de Costos de la Guerra, de la Universidad Brown, pone la cifra total en 4.79 billones, incluyendo los gastos en Irak, Pakistán, Siria y Afganistán como en el frente interno a través del Departamento de Seguridad Interna y otros (https://www.brown.edu/web/documents/ nosearch/2016CostsofWar.pdf).

Las tiendas de lujo, bajo la zona cero, decidieron no abrir hasta la tarde en este aniversario del 11-S para respetar los actos oficiales. Después todos podrán volver a la normalidad. El 12 de septiembre de 2001 el entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, aconsejó a los ciudadanos que volvieran a sus actividades de día normal y tomaran esa fecha como una oportunidad de go shopping.