La iniciativa del PRI para reformar la Ley General de Víctimas propone restringir las aportaciones del gobierno federal al fondo destinado a apoyar y resarcir el daño a quienes padecieron violaciones derechos humanos o el embate del crimen organizado, lo que es rechazado por PAN y PRD y por organizaciones sociales.

Ello propició ya una discusión en las comisiones dictaminadoras de esa reforma, que debe aprobarse en este periodo de sesiones. Igualmente hay inconformidad con la propuesta, incluida también en la iniciativa de la senadora priísta Cristina Díaz, de mantener en el cargo al actual presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín.

En la sesión del pasado jueves, PAN y PRD presentaron una iniciativa conjunta, que se contrapone en su parte medular a la que ese mismo día llevó al pleno senatorial la senadora Díaz. En el artículo 132 de la actual ley, se establece que anualmente la Cámara de Diputados deberá aprobar un monto de 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Fondo de ayuda, asistencia y reparación del daño.

La iniciativa de panistas y perredistas plantea que ese porcentaje no podrá ser disminuido, mientras en la del PRI se propone condicionar la aportación federal, que se dará, siempre que el patrimonio de ese fondo sea inferior a 0.014 por ciento del gasto programable del año inmediato anterior.

El senador Alejandro Encinas, integrante de las comisiones dictaminadoras, recalcó que desde que se discutió esa ley –que entró en vigor en 2013– el PRI siempre quiso limitar ese fondo y ahora insiste, porque el nivel de víctimas es tal que implicará una enorme carga financiera al Estado. Sin embargo, no debe haber ninguna restricción para garantizar la reparación del daño, ocasionado porque no cumplió con la obligación primigenia garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En la iniciativa conjunta de PAN y PRD, que firman los presidentes de las comisiones de Justicia, el panista Fernando Yunes, de Derechos Humanos, Angélica del Peña, de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas, y el también perredista Armando Ríos Piter, se señalan las deficiencias en que ha incurrido la CEAV.

En la exposición de motivos resaltan que entre 2014 y 2016 esa comisión contó con mil 536 millones de pesos, pero sólo utilizó 3 por ciento de ellos para el caso Ayotzinapa y otros desaparecidos, así como para apoyar gastos médicos, funerarios y de alimentación.

Hasta el pasado marzo 7 mil 640 personas solicitaron ser consideradas víctimas, pero la CEAV sólo inscribió a 3 mil 875, de las que 3.5 por ciento lograron acceder al apoyo económico.

Panistas y perredistas proponen un cambio total en la estructura de la CEAV a fin de que haya un solo titular, propuesto por el Ejecutivo federal –a través de una terna– y ratificado por el Senado.

En la iniciativa del PRI hay un mecanismo similar, pero en un transitorio se plantea que Rochín –cuyo periodo concluye el próximo 8 de octubre– permanezca en el cargo hasta nombrar al titular. Debe haber un cambio total, porque la CEAV no funciona, ha dejado mucho que desear, comentó el senador Encinas.