El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) celebró ayer la segunda sesión ordinaria del Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa (Conpee), donde se analizó el replanteamiento del examen sobre el de-sempeño docente, se presentó la estrategia de seguimiento de las directrices para la mejora educativa y se discutió la construcción del Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y las conclusiones de los estudios y valoraciones de la política de educación indígena.

La presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, dijo que para elevar el aprendizaje de los alumnos de enseñanza obligatoria es fundamental el desarrollo profesional de los docentes, que son factor clave para mejorar la calidad de la educación. Indicó que el replanteamiento de la evaluación del desempeño docente –anunciado hace unas semanas– se realizó con base en procesos de validación técnica, análisis de la aplica-ción de las pruebas y tras escuchar las inquietudes de los maestros.

La directora general de Directrices para la Mejora de la Educación, Arcelia Martínez Bordón, informó que próximamente este instituto pondrá en marcha la Estrategia de Seguimiento de las Directrices para la Mejora Educativa, que tiene como objetivo conocer la contribución de éstas en la toma de decisiones de las autoridades educativas, así como en la mejora de los procesos de enseñanza derivados de ello.

Con esto se pretende identificar el grado de difusión de las directrices en cada estado, el de uso para la toma de decisiones por parte de las autoridades educativas y establecer mejores mecanismos para su difusión. La estrategia considera la visita a 10 estados, la entrevista con las autoridades responsables de la planeación educativa y con directivos de instituciones formadoras de docentes, entre otras acciones.

Sobre el Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la directora general de Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, Adriana Aragón, indicó que su finalidad es establecer las orientaciones generales de política y las acciones que deben atender todos los integrantes de dicho sistema, con una perspectiva al año 2020 para fortalecer el papel del Estado como garante del derecho a una educación de calidad.