or obra y gracia de la clase política, los mexicanos se han dedicado a pagar los lujos de la alta burocracia, los excesos gubernamentales y del gran capital, y la voluminosa deuda pública que avanza a paso veloz, y lo que el Fondo Monetario Internacional apenas un año atrás registraba como un desafío para el país, hoy es una cruda realidad que amenaza con derribar las finanzas del Estado.

El siempre creativo gobierno mexicano (junto a sus barones –o al revés–, que se han servido con la cuchara grande) creyó encontrar la piedra filosofal que resolvería los grandes problemas nacionales: endeudarse hasta la coronilla… para pagar intereses de la deuda, sin reconocer que el circuito es interminable y su costo financiero insaciable.

En datos duros, lo anterior se traduce en lo siguiente: con Peña Nieto en Los Pinos, y a su lado –o viceversa– su fabuloso ministro del (d) año, Luis Videgaray, el saldo de la deuda pública se incrementó 50 por ciento, o si se prefiere alrededor de 3 billones de pesos. De este monto, en números cerrados, cerca de 2 billones se han utilizado para cubrir el costo financiero del propio débito, y aun así el citado saldo ha crecido hasta rozar 9 billones de pesos.

A pesar del vertiginoso aumento de la deuda, México no crece económicamente ni en lo social su población reporta mejoría (no hay desarrollo, pues), y año tras año se encojen los presupuestos para educación, salud, ciencia y tecnología y demás renglones prioritarios para la nación, mientras avanza incontenible el destinado a cubrir el costo financiero de la deuda pública.

Una muestra de lo anterior fue publicado ayer por La Jornada: “la deuda pública creció a un punto que el pago de intereses consume más recursos de los destinados por el Estado a financiar la educación, salud, el desarrollo social y a las ocho instituciones federales de educación superior, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

En 2017 el costo financiero de la deuda pública sumará 568 mil 197.6 millones de pesos, cantidad que supera en 18.9 por ciento a los recursos destinados para el mismo fin en 2016, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, entregado el jueves pasado a la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade (elaborado, en realidad, por Luis Videgaray). “En cambio, para educación, salud, desarrollo social y las instituciones de educación superior el presupuesto previsto sumará 556 mil 41.1 millones de pesos, cantidad que equivale a 97 por ciento de lo destinado al pago de la deuda pública… La cantidad a pagar el próximo año de intereses de la deuda es la más alta, respecto del tamaño de la economía, en 16 años” (La Jornada, Roberto González Amador).

Resulta espeluznante el panorama para el próximo año, aunque en los hechos sólo se suma a lo que de tiempo atrás constituye una de las grandes debilidades de las finanzas públicas, especialmente a partir de que se resolvió el problema de la deuda (Carlos Salinas utilizó por primera vez esta frase, en 1990; 11 años después la repitió Vicente Fox y tras la crisis de 2008-2009 la refrendó Felipe Calderón), es decir, endeudarse para pagar deuda, mientras el saldo de la misma crece a paso veloz.

De acuerdo con las cifras oficiales, con Peña Nieto en Los Pinos de las arcas nacionales habrán salido 2 billones 100 mil millones de pesos (incluyendo el cálculo de 2017) para pagar el costo financiero de la deuda pública, cuyo saldo, hasta ahora, creció más de 3 billones. A ese paso, no hay presupuesto que soporte ni ciudadanos que aguanten (menos los mexicanos, que aguantan todo sin chistar).

En 2017 (con ganas de que la realidad crezca el monto real que se pagará) se destinarían más de 568 mil millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda pública, un monto casi 19 por ciento superior al erogado, por el mismo concepto, en 2016, y 86 por ciento mayor con respecto al cierre del calderonato, o si se prefiere en el arranque del gobierno peñanietista. Así, sexenio tras sexenio crece el saldo de la deuda pública, a la par que las erogaciones para cubrir el costo financiero de la misma.

Lo anterior queda claro con lo siguiente (las cifras son de la Secretaría de Hacienda): del comienzo del gobierno de Ernesto Zedillo (diciembre de 1994) al cuarto año de Peña Nieto (2016) el costo financiero de la deuda pública se incrementó mil 230 por ciento (si se prefiere, se multiplicó por 13), al pasar de 34 mil 744 a 462 mil 372 millones de pesos (esta última cifra es la presupuestada, pero en los hechos será mayor). Si se incluye la estimación de pagos para 2017, entonces el aumento habrá sido cercano a mil 600 por ciento. Y en ese mismo periodo el crecimiento de la economía a duras penas promedia 2 por ciento anual.

Ante este panorama aterrador, cabe preguntar ¿dónde estaba el Poder Legislativo?, porque legalmente la Secretaría de Hacienda (léase el titular) no puede irse por la libre. El Congreso debe autorizar y supervisar no sólo la contratación de deuda pública, sino en qué se utilizarán los recursos y dar puntual seguimiento. Para los inquilinos de San Lázaro, ¿pasó de noche un endeudamiento superior a 3 billones de pesos, y no se dieron cuenta para qué se utilizarían? Entonces, si deben fincarse responsabilidades administrativas y legales a Luis Videgaray, pues que la cortesía incluya a los legisladores involucrados.

Como bien recuerda el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, la historia de la deuda pública en México, al igual que en la mayor parte de los países de América Latina, es una historia de dispendio e irresponsabilidad por parte de los gobernantes en turno de cada país. Se observa una tendencia creciente de la deuda total desde 1982, pero ésta ha venido acelerando su crecimiento en los últimos ocho años; la tendencia ha sido incesantemente creciente, pero se aprecia un cambio en la celeridad del endeudamiento, tal que para el periodo 2008-2015 el saldo de la deuda se triplicó con respecto a 2007; es decir, en siete años endeudaron al país en un monto 3.16 veces mayor al acumulado en los 26 años anteriores.

Las rebanadas del pastel

¿Y quién paga el desastre? Desde luego no lo harán los tres itamitas que en esos ocho años ocuparon la silla principal de Hacienda: Ernesto Cordero (hoy senador de la República), José Antonio Meade (quien ahora repite en el puesto) y Luis Videgaray, reposando en Malinalco. Y los tres tan campantes.

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