El largo proceso de construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entrará en los próximos días en su última fase, al pasar a la etapa de designación y de ratificación. En principio, el presidente Enrique Peña Nieto deberá enviar al Senado la propuesta de quién ocupará la Secretaría de la Función Pública (SFP), a efecto de que sea ratificado, como lo indica la legislación. Sería la primera vez que el responsable de esta instancia responsable del combate a la corrupción deberá ser avalado por los senadores.

Asimismo, en otra de las innovaciones que el Congreso introdujo en la conformación del SNA, arrancará el procedimiento de designación de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, instancia que será clave en la operación del sistema. Sin embargo, en su integración el Senado no participará directamente para evitar la partidización, pero los legisladores deberán elegir a lo que se ha denominado el comité de selección, que a su vez designará al Comité de Participación Ciudadana.

El pasado julio, al publicarse las leyes secundarias de la reforma constitucional que creó el SNA, Virgilio Andrade renunció como titular de la SFP, cargo al que había llegado el 3 de febrero de 2015 con el objetivo central de exonerar al presidente Enrique Peña Nieto y al entonces secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray de conflictos de interés con una inmobiliaria del Grupo Higa.

En su renuncia, Andrade fue explícito en señalar que lo hacía para dar libertad al Presidente para que cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado.

A pesar de que la corrupción tan extendida la ha convertido en una preocupación central para sectores sociales y políticos, la SFP ha permanecido la mayor parte del sexenio al mando de un encargado de despacho. En los albores del sexenio, por la decisión de Peña Nieto de desaparecerla para integrar una fiscalía anticorrupción, motivó la desaparición de la secretaría de la estructura administrativa del gobierno federal hasta en tanto se integrara la fiscalía, por lo que se designó a Julián Olivas Ugalde como encargado de despacho.

El derrotero que tuvo la iniciativa presidencial original motivó que se reintegrara a la SFP a la estructura, se designara a Andrade para salir al paso de las críticas al Presidente, pero tras su renuncia, se designó un nuevo encargado de despacho: Javier Vargas. Así, solamente durante 18 meses de este sexenio, la SFP ha tenido un titular y aguarda hasta que se concrete el nombramiento del nuevo secretario, que tendrá facultades ampliadas.

Por lo que hace a la integración del Comité de Participación Ciudadana, cuya importancia es fundamental en la operación del SNA, pues es la cabeza de la comisión ejecutiva del SNA –donde participará la SFP, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República (que se transformará en 2018 en Fiscalía), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Archivo General de la Nación.

Asimismo, tendrá a su cargo establecer las directrices y programas contra la corrupción, las bases de integración institucional, elaborar mecanismos y lineamientos de operación. De acuerdo con los plazos, en los primeros días de octubre el Senado deberá designar al comité de selección que, a su vez, tendrá 60 días para procesar el nombramiento de los cinco integrantes.