La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acatarán el fallo de la juez de distrito Karla Macías Lovera –quien ordenó a autoridades federales buscar en un cuartel militar a Juan Flores Solorio, reportado como desaparecido desde noviembre de 2015– hasta que sea definitivo e inatacable, indicaron funcionarios del gabinete de seguridad del gobierno federal.

Por el momento la PGR, que actúa como representante de la Federación en este juicio de amparo promovido por familiares del desaparecido, prepara un recurso de revisión, el cual será resuelto en segunda instancia por un tribunal colegiado de circuito.

Este tipo de juicios pueden tardar hasta seis meses en solucionarse definitivamente, tiempo en el que las autoridades no están obligadas a cumplir con el ordenamiento de la sentencia de primera instancia.

La semana pasada la juez Karla Macías concedió a los familiares de Flores Solorio la protección de la justicia federal para que se realice una adecuada y exhaustiva búsqueda del desaparecido en las instalaciones militares de Pénjamo, Guanajuato.

Además, la juez determinó en el amparo que la PGR debe llevar a cabo una investigación sobre el caso por el delito de desaparición forzada de personas y no por secuestro, como hizo al principio.

La noche del 25 de noviembre de 2015 un grupo de militares irrumpió en la casa de Juan Flores Solorio, a quien detuvieron y sacaron a la fuerza por haberlos insultado. Tras seis horas de arresto en los separos de Pénjamo, el hombre salió del lugar y ya no se le volvió a ver.

Con las grabaciones de las cámaras de seguridad pública y las entrevistas de los militares se acreditó que elementos del Ejército Mexicano detuvieron al quejoso cuando salió de los separos municipales y hasta la fecha no se tiene noticia de su paradero, indicó Karla Macías al otorgar el amparo a los familiares de Flores Solorio.

Según la resolución del amparo 1035/2015, la PGR omitió informar a la juez el estado de la indagatoria, a pesar de que le fue solicitado.

Con ello dejó de observar la obligación de investigar de manera efectiva y pronta la desaparición del quejoso.

Otra omisión de la PGR fue que empezó a indagar ese asunto con el anterior sistema de justicia –escrito– por el delito de secuestro, no bajo el nuevo régimen oral acusatorio por el ilícito de desaparición forzada. Lo anterior, pese a que la desaparición de Flores Solorio ocurrió cuando ya estaba vigente en Guanajuato el nuevo sistema penal.

Karla Macías también instruyó que la víctima y sus deudos sean inscritos en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, así como en el Registro Nacional de Víctimas.