ra insostenible Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer fotografías y un video que lo mostraban en plena adulteración del proceso de investigación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ayer, a menos de dos semanas de que se cumplan dos años de la desaparición de los jóvenes, la procuradora federal, Arely Gómez, aceptó la renuncia de quien ya había sido motejado como Zembrón por su papel en la siembra de restos óseos en el río San Juan, en Cocula, un día antes de que fueran encontrados por personal gubernamental. Zerón-Zembrón se había hecho acompañar por uno de los detenidos por el caso Iguala-Cocula, a quien había sacado de la cárcel sin autorización judicial ni constancia alguna, aunque en su momento se alegó que habría alguna especie de registro semioficial de esa diligencia particular.

Zerón-Zembrón llevó a ese detenido (quien había sido torturado horas antes) al lugar donde al día siguiente se encontrarían bolsas negras con restos y cenizas, presumiblemente pertenecientes a los normalistas. Uno de los restos (¿llevado por Zembrón un día antes?) correspondió a uno de los jóvenes y, a partir de esa única confirmación, se dio por consolidada la verdad histórica proclamada por el entonces procurador de justicia, Jesús Murillo Karam.

La renuncia de Zerón es un golpe más a la muy destrozada fabulación murillista, y una aceptación indirecta de que hubo manipulaciones criminales desde ámbitos de autoridad, en busca de legitimar una explicación que intentó dar por terminado el caso en términos judiciales y forenses. Desde luego, la renuncia no es suficiente, pues tanto Zerón como Murillo Karam deberían responder ante tribunales por las mentiras que urdieron.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha adoptado una decisión en el municipio de Zacatecas, retirando el triunfo a una candidata del partido Morena, que perfila eventuales determinaciones similares en otros comicios locales e incluso en cuanto a la contienda por la Presidencia de la República.

En específico, una sala superior del TEPJF ratificó decisiones previas de órganos inferiores de calificación electoral respecto de los presuntos actos anticipados de campaña que habría cometido Soledad Luévano Cantú (diputada local, en nombre del partido Movimiento Ciudadano) al participar, en noviembre de 2015, en una conferencia de prensa luego de haber sido designada promotora de la soberanía nacional por parte de Morena.

Según los juzgadores electorales, los hechos de noviembre influyeron en la votación que se realizó más de siete meses después, en la que Luévano Cantú obtuvo mayoría de votos (19 mil 428 contra 18 mil 427) sobre Judith Magdalena Guerrero, priísta apoyada además por el Verde y el Panal. La decisión de la sala superior fue adoptada por unanimidad de los magistrados participantes y es inapelable. Ello obliga a que se instaure a la brevedad un concejo ciudadano y se realicen nuevas elecciones en el municipio de la capital.

Es cierto que Morena ha utilizado como treta designar con anticipación a esos promotores de la soberanía nacional, que luego serán oficializados como candidatos a gobernadores o presidentes municipales. Es un acto de simulación que permite a los virtuales candidatos recorrer sus demarcaciones y realizar tempranos actos de proselitismo personal.

Sin embargo, el inusitado y desproporcionado rigor del máximo nivel del Tribunal Electoral Federal, en el caso Zacatecas, parece llevar una dedicatoria ominosa. Contrasta gravemente esa aplicación tajante de la legalidad electoral respecto de Morena en Zacatecas (donde el peñismo libró una batalla cerrada contra David Monreal, candidato a gobernador, y el resto de abanderados del partido lopezobradorista) con los constantes, apabullantes y evidentes actos de desmesura y de delictividad abierta que han cometido los demás partidos, sobre todo el de tres colores y el Verde. Es probable que esas continuas infracciones de partidos en el poder no se hayan cometido antes del inicio de los procesos electorales, pero sí han influido en los resultados finales, sin que, a fin de cuentas, haya castigos proporcionales a esos partidos, los cuales se quedan con sus victorias y más adelante, si es necesario, pagan algunas multas o reciben algunas amonestaciones.

En este caso, desde Zacatecas se lanza una advertencia a Morena y en particular a su adelantado candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de que esos juzgadores podrían empeñarse en castigar sin contemplaciones los actos anticipados de campaña, los cuales, conforme a los adversarios del tabasqueño, han sido abundantes y comprobables. Suele suceder que esos ataques contra López Obrador terminen dándole más exposición mediática y le ayuden a crecer en intenciones de voto. Pero, por lo pronto, desde la tierra a la que recién ha entrado como gobernador el priísta Alejandro Tello, desde una resolución municipal adversa a Morena, le envían a su dirigente nacional y evidente abanderado presidencial un amago de desafuero electoral.

Maniobra tardía y en talla reducida, al recibir Enrique Peña Nieto a senadores estatales de California, miembros del Partido Demócrata, como una especie de consolación ante el desaire de la candidata presidencial, Hillary Clinton, y del desaguisado de la recepción a Trump.

Y, mientras la nación cae rendida de agradecimiento ante el gesto de austeridad republicana de Angélica Rivera Hurtado, quien la noche del Grito no estrenará prenda de caro diseño sino que, oh, repetirá vestido (en San Luis Potosí solía decirse, ante similares sofocos: “¿Qué dirán los Meade (pronúnciese ‘mid”)?”, así que, ahora, ¿qué dirá Pepe Meade, el secretario de esta hacienda que requiere recortes hasta en los atavíos emperatrices? Oh, ¡hasta mañana!

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