un sin ninguna prueba de algún tipo de enriquecimento personal, sin ninguna evidencia de haberse valido de ventajas personales en su cargo de presidente de Brasil, aun volviendo a vivir en el mismo departamento en la periferia obrera de São Paulo, desde donde salió para ser el presidente de más éxito y prestigio en Brasil –aun con todo ello–, Lula tiene que ser acusado, procesado, considerado culpable y condenado.
En el caso de que esto no sucediera, tras el acoso del poder judicial, de la policía y del Congreso, ya no será posible decir que todos los políticos son inmorales, que todo líder popular conquista el apoyo del pueblo en base a fraudes. No será posible justificar que se instale en Brasil un gobierno de corruptos, de ladrones, de golpistas, sin ningún apoyo popular, como si el país estuviera condenado a ser manipulado por esa manga de mafiosos que ha asaltado el poder a través de un golpe.
Si Lula fuera candidato de nuevo y el pueblo volviera a reconocer, una vez más, en él su liderazgo indiscutible, no será posible decir que el contacto con el Estado corrompe a todos, que los gobiernos sirven para enriquecer a los políticos, sino que es, al contrario, posible promover los derechos de todos, incluyendo también a los más pobres en la esfera de los derechos esenciales garantizados por el Estado
Si Lula no es condenado, aun con pruebas fabricadas por jueces que representan los peores intereses de la élite brasileña, responsables por mantener el país en el mapa del hambre, entonces se probará que un presidente puede atender a los intereses de todos, que no es necesario gobernar para los ricos y en contra de los pobres. Quedaría comprobado que Brasil no necesita someterse a los designios del mercado, del capital especulativo, del FMI. Que Brasil puede y debe retomar el desarrollo económico con distribución de renta, el modelo escogido por el pueblo brasileño en elecciones directas cuatro veces consecutivas.
Si Lula no se ha enriquecido como presidente, si no ha traicionado los intereses del pueblo, si es el único político que mantiene un inmenso apoyo popular y la confianza del pueblo, con más razón necesita ser condenado, porque esa imagen es insoportable para las élites tradicionales brasileñas. Porque éstas necesitan recuperar el control del Estado y volver a gobernar para ellas mismas y en contra de los derechos conquistados por el pueblo brasileño en este siglo.
Para impedir que de nuevo un gobierno democrático, popular, soberano se instale en Brasil es necesario sacar a Lula de la vida política, no importa la forma en que sea.
No sirve fabricar encuestas en las que Lula aparecería con gran rechazo. Si creyeran en esas encuestas no necesitarían sacarlo de la vida política. Bastaría con derrotarlo en una disputa democrática, por el voto popular. No habría peor derrota para Lula y victoria más grande para la derecha brasileña.
Pero la derecha, como ha perdido con José Serra dos veces, con Alckmin, con Aecio, con Marina, va a perder de nuevo, con cualquiera de ellos o con algún nuevo engendro. Por ello necesitan una condena de Lula. Para ello cuentan con el poder judicial, con el Congreso, con los medios, con todos los que se disponen a pasar a la historia como marionetas de las minorías dominantes, de lo peor que Brasil ha producido y que necesita de las actitudes serviles de esas mafias, para volver a someter a Brasil a los intereses del uno por ciento dominante, que sólo pudo volver al gobierno por un golpe, que nunca llegaría allí si fuera por el voto popular.
Un fantasma recorre las mentes de esas élites dominantes, de sus políticos, de los dueños de los medios, de los jueces, de los policías: el fantasma de Lula que es necesario condenar, frente a la imposibilidad de derrotarlo, si la democracia se restablece en Brasil.
