Culiacán, Sin.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto 768 emitido por el gobernador Mario López Valdez para que los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se queden seis años más para garantizar que no habrá castigos por casos de corrupción y tráfico de influencias.

El organismo considera que se vulnera el principio de legalidad, los principios democráticos, las bases del Sistema Nacional Anticorrupción y la obligación de las legislaturas estatales de adecuar sus leyes, sostuvo José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH.

Este recurso se suma al que desde la semana pasada promovió la Procuraduría General de la República (PGR) ante la SCJN contra este decreto, publicado en agosto de este año, tras haber sido aprobado por la legislatura local en 2013.

El recurso va dirigido contra la legislatura local y el gobernador. Esta semana venció el plazo para presentar el caso ante la Corte. Dirigentes empresariales acusan al gobernador y su gabinete de cubrirse las espaldas ante posibles denuncias de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos.