En una decisión inédita, la cuarta sala de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) revocó un acuerdo que había elaborado, mediante el cual obligaba al director de la Escuela Médico Militar, general Guadalupe Maza de la Torre, a comparecer ante ese órgano para ratificar una demanda en la que exige separar de su cargo a la profesora civil Noemí Cárdenas Rodríguez.

En un juicio laboral iniciado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dejar sin efecto la plaza de base de Cárdenas Rodríguez, la junta consideró de última hora que por ser alto mando de la Defensa Nacional, el director del plantel castrense no tenía por qué asistir a la audiencia testimonial, por lo que la defensa legal de la profesora tiene que elaborar un cuestionario para que él (y dos de sus subordinados directos) respondan por escrito a sus cuestionamientos.

La defensa de Cárdenas Rodríguez –quien junto con dos de sus colegas son los únicos profesores civiles que no renunciaron a su cargo, como les exigió la Sedena en 2013, cuando puso en marcha modificaciones al Sistema Educativo Militar con docentes contratados por hora y sin ninguna prestación laboral– calificó la actitud de las autoridades laborales de ilegal y parcial a favor de la dependencia que encabeza el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

En un recurso de reclamación interpuesto ante la JFCA, el abogado menciona: Es claro que el acuerdo (emitido por la junta para que no comparezca el general Maza) es totalmente contrario al derecho laboral y rompe todo equilibrio procesal a favor del director del plantel castrense.

Antecedentes

Cárdenas Rodríguez y los profesores Evaristo Maldonado Preciado y Leticia Valadez Rodríguez son los tres únicos (de más de 300 que estaban contratados por todos los planteles militares) que no aceptaron las nuevas condiciones que exigió la Sedena (renunciar a su plaza y contratarse por honorarios), con lo que se inició una disputa legal que continúa.

Los quejosos explicaron –el caso de la profesora Cárdenas es el primero que ventilan las autoridades laborales, pero se espera que los otros dos asuntos sean también revisados en fecha próxima– que para presionarlos las autoridades militares modificaron unilateralmente sus condiciones de trabajo, obligándolos a presentarse ocho horas diarias, aunque no tengan qué hacer, en lugar de lo pactado en el contrato firmado hace más de 20 años, en el que se precisaba la obligación de acudir exclusivamente a impartir clases en los horarios previamente establecidos.

Como los tres profesores se negaron a aceptar las nuevas condiciones, la Sedena los acusó de no completar su horario de trabajo e inició los juicios para darlos de baja por incumplimiento de contrato, los cuales están en curso.