El juzgado decimotercero de amparo efectuó ayer lunes la audiencia constitucional de los recursos tramitados por Joaquín El Chapo Guzmán contra las dos órdenes de extradición a Estados Unidos emitidas en su contra por la Secretaría de Relaciones Exteriores y, de acuerdo con las fuentes del Poder Judicial Federal consultadas, en los próximos días se negará la protección de la justicia federal al líder del cártel de Sinaloa.

Una vez que el juzgado emita su sentencia de primera instancia, los abogados de Guzmán Loera interpondrán un recurso de revisión, con miras a que el amparo sea resuelto en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las órdenes de extradición están detenidas temporalmente, en virtud de dos suspensiones concedidas al capo sinaloense en junio pasado.

Los dos casos por los que el gobierno de México ha autorizado la entrega del sinaloense están radicados en las cortes federales de los distritos sur de California, en San Diego, y oeste de Texas, en El Paso.

En el primero se trata de una orden de aprehensión girada contra Guzmán en 1996 por asociación delictuosa y por importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla. El otro expediente es por homicidio, lavado de dinero, delitos contra la salud, delincuencia organizada, asociación delictuosa y posesión de armas.

Al solicitar ambos amparos, los defensores de Guzmán Loera adujeron que las autoridades de Estados Unidos carecen de pruebas para juzgarlo. Son tres los argumentos esenciales planteados por los defensores, dos de forma y uno de fondo, y el objetivo es que los amparos lleguen en unos meses a la SCJN, para sentar un nuevo precedente en materia de extradiciones.

El primer aspecto que ataca la defensa es que la autoridad que solicitó las extradiciones carece de legitimación, pues quien suscribe el trámite es un encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos y no el embajador.

Otro planteamiento es que los hechos por los que se pretende juzgar al capo en el país vecino en realidad ocurrieron en México, y si bien algunos efectos de esas conductas sucedieron allá, los calificaron de no concretos y hasta subjetivos.

El tercer argumento –a la luz del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, que es la facultad de los juzgadores para no aplicar leyes que consideren contrarias a la Constitución– expone que son insuficientes las pruebas ofrecidas por Estados Unidos contra El Chapo.