l libro de Carlos Fazio Estado de emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto (Grijalbo, 2016), constituye un impresionante y detallado diagnóstico de la trágica realidad mexicana contemporánea; un hilvanado, documentado y meticuloso recuento de las condiciones de exponencial violencia, crímenes de Estado y lesa humanidad, así como violación generalizada, sistemática y permanente de los derechos humanos, que hacen de México el paradigma de una mundialización capitalista con base en el desvío de poder de un Estado delincuencial al servicio de un proceso de recolonización y ocupación integral del territorio. La obra de Fazio es una fundada denuncia, e incluso, de existir un estado de derecho en el país, podría ser el alegato de una imaginaria fiscalía para juzgar de esos graves crímenes de guerra, de Estado y lesa humanidad a las autoridades mexicanas de todos los ámbitos y niveles, incluyendo, sobre todo, a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad pública.

Coincido plenamente con Fazio en considerar el crimen organizado como parte consustancial del capitalismo actual, esto es, “las mafias y los grupos de la economía criminal se han instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos (…) vivimos en una era de capitalismo criminal; en democracias criminales y mafiosas”. Asimismo, estamos de acuerdo en que, en este modelo de acumulación, el despojo de territorios, recursos naturales y estratégicos, lo que Harvey denomina acumulación por despojo, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio, en la cual se establecen estados de excepción o de emergencia, que tienden a considerarse normales y a extenderse.

Esto se relaciona estrechamente con los planes estadunidenses, puestos en práctica particularmente después del 11 de septiembre de 2001, de apropiarse de territorios para ponerlos al servicio de las corporaciones trasnacionales, a partir no sólo de guerras de conquista coloniales, como en el caso de Irak, sino también de guerras encubiertas y de ocupación neocolonial, como la puesta en marcha por Felipe Calderón.

Precisamente, la noción: dominación de espectro completo, acuñada por el Pentágono, “abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes (… que) implican la formación y manipulación de una ‘opinión pública’ legitimadora del modelo de dominación (…) se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación”. Fazio sostiene que “a partir de la implantación larvada de un estado de excepción que se fue convirtiendo en regla, Estados Unidos instituyó en México –como antes en Colombia– un modelo donde la administración de la política se convirtió en un ‘trabajo de muerte’ que permite el control de amplios territorios para la explotación de los recursos geoestratégicos, laborales, de manufacturación o de paso para la circulación de mercancías (…) En ambos países la institucionalización del nuevo modelo de exterminio combinó el accionar de la estructura del Estado con el de corporaciones trasnacionales y grupos de la economía criminal”. De esta manera, como es posible observar en nuestro país: la guerra y el terror son instrumentos claves al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de paraestados donde operan formas de poder paralelas, pero articuladas al marco institucional. Estas formas paralelas pueden ser paramilitares o grupos del narco, que actúan en complicidad y complementariedad con las fuerzas armadas y los aparatos de seguridad.

Los estrategas estadunidenses llaman guerras asimétricas a aquellas que no se dan entre dos poderes similares, sino mediante enemigos difusos. El papel que jugaba antes el comunismo lo ocupan ahora el narcotráfico y el terrorismo. La ocupación de países requiere empezar una guerra, con actores locales, en este caso un gobierno, como el de Calderón, que le da inicio, y continuada por Peña Nieto, con el auxilio de Estados Unidos por medio de la Iniciativa Mérida. En este sentido, el narcotráfico no es sólo un negocio, su tarea política es instalar el terror y servir de excusa para militarizar el país y criminalizar las luchas. Justifica el despliegue de un aparato represivo que sirve para el control de población, trabajadores y territorios para la penetración del capital. Fazio explica que, bajo un régimen de excepción, la laxitud del concepto de enemigo suele ser muy amplia. Asimismo, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no toma en cuenta que el objetivo primario de las mismas es ganar la guerra por cualquier medio. En esta dirección, me parece muy importante la utilización del concepto de terrorismo de Estado para analizar la situación mexicana. Sobre todo, cuando el terrorismo de Estado también se pone en práctica en el ámbito planetario, mediante el cual Estados Unidos impone su guerra sucia contrainsurgente por medio de sus aparatos militares y de inteligencia, en operaciones abiertas y clandestinas.

Los relatos de las dos partes que conforman la obra, narrados con la maestría del periodista de investigación que caracteriza a Fazio, son estremecedores, como Morir en un retén, o El caso de los niños Almanza, en los que se describen los ataques letales a familias indefensas por el Ejército, y en los que la Sedena pretende proteger a sus soldados, tergiversando los hechos, manipulando las escenas de los multihomicidios y sembrando evidencias. El caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey es presentado por Fazio como falsos positivos a la mexicana, ya que no sólo fueron ejecutados por los militares a mansalva y sin justificación, sino que también se pretendió manchar la memoria de los dos alumnos de excelencia, a quienes, incluso, se les colocaron fusiles para aparentar que estaban armados. A lo largo de las 613 páginas de la obra, Fazio va develando el rosario de ejecuciones extrajudiciales, torturas brutales, masacres, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, violación sistemática y generalizada al debido proceso, encubrimiento, escuadrones de la muerte, en suma, una catástrofe humanitaria en la que reina la impunidad y la violación de los derechos humanos en toda la cadena de mando, que va desde los comandantes en jefe hasta los grados inferiores de unas fuerzas armadas y aparatos de seguridad intocables e intocados.

A dos años de la noche de Iguala: ¡Fue el Estado! ¡Nos faltan 43!