ay en el mundo político un concepto con perfil axiomático: todo lo que toca el gobierno lo corrompe.

Es de esperar, no obstante, que no suceda eso en el caso del Acabús, tomando en cuenta que si bien 51 por ciento de las acciones corresponden al gobierno, 49 por ciento pertenecen al sector privado, hecho que puede servir de contrapeso para que la administración pública no convierta la empresa en refugio o botín de políticos.

Ante la versión de que el sistema opera con números rojos, el gobierno estatal reconoció ayer que efectivamente tiene déficit. Lo atribuyó a que, afirma, muchos usuarios no pagan el servicio y otros viajan con una tarjeta de servicio gratuito.

Habría que preguntar quiénes no pagan y quiénes viajan con la tarjeta: ¿ancianos? ¿Discapacitados? ¿Estudiantes? ¿O de plano se repartieron tarjetas a los allegados del gobierno?

Mencionó otra supuesta causa de la merma de ingresos en la empresa: el valor de las tarjetas es mucho; además, se esperaba que hubiera aproximadamente 120 mil usuarios diarios y andamos sobre 95 mil.

Hace poco, Porfirio Alvarado, ex concesionario de los desaparecidos autobuses Maxitúnel, atribuyó el déficit del Acabús, entre otras razones, a que al frente del organismo descentralizado había personas que nada sabían de transporte, refiriéndose concretamente a la directora, Silvia Zapata. La administración estatal excluyó este punto de la lista de razones por las cuales no anda bien la empresa.

El hecho de poner organismos públicos descentralizados en manos de desconocedores, de todólogos, siempre ha sido una de las causas de su fracaso.

Gobierno y concesionarios tendrán que ponerse de acuerdo para corregir las fallas que están provocando la falta de ganancias, sin menoscabo de la calidad del servicio.

El Acabús no deja de ser un buen proyecto que ha dado un toque de modernidad al puerto; el servicio es bueno –y puede mejorar– porque se terminaron las carreras para disputar el pasaje, y los operadores son atentos.