La protección a personas que sufren desplazamiento interno forzado debe ser incluido en las reformas de la Ley General de Víctimas que se discuten en el Senado, pidieron organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares y peritos.

Advirtieron que el desplazamiento representa una violación grave, múltiple y continuada a los derechos humanos de quienes se ven obligados a dejar sus lugares y comunidades de residencia a causa de la violencia y la inseguridad en varias regiones del país.

Es altamente preocupante la ausencia del reconocimiento del desplazamiento interno forzado por el Estado mexicano y la consecuente omisión que existe para aplicar acciones pertinentes para garantizar la atención y la protección de la población que se encuentra en esta situación, señalan organizaciones y colectivos en carta dirigida a las cuatro comisiones senatoriales encargadas dictaminar las reformas.

Aunque no hay cifras del fenómeno a escala nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que el número de personas desplazadas podría ser de 90 mil, que carecen de reconocimiento, atención y protección de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

En la carta, llaman a las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Estudios Legislativos y segunda del Senado a cumplir su compromiso con las víctimas para que obtengan reconocimiento jurídico en dicha reforma, al ser la Ley General de Víctimas el único instrumento legal adecuado para registrar, atender y proteger los derechos de quienes sufren dicho desplazamiento forzado. Así como para atenderlas en forma urgente.

Exigieron a la Secretaría de Gobernación que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y con las víctimas del desplazamiento interno.