El pleno del Senado aprobó ayer la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en la que se indican nuevas causales de expropiación de terrenos por causa de utilidad pública, entre ellas la ejecución de obras de infraestructura.

Los presidentes de las comisiones dictaminadoras sostuvieron que se trata de una ley orientada a ordenar el territorio y los asentamientos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, se eliminó del dictamen la obligación del gobierno federal de respetar los derechos a la información, participación y consulta de ciudadanos a quienes se expropien propiedades por causa de utilidad pública.

La ley contiene, en su artículo sexto, un listado de 10 causas de utilidad pública: la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población; la construcción de reservas territoriales para el desarrollo urbano; la ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento y de servicios urbanos y metropolitanos, así como el impulso de aquellas destinadas para la movilidad; la constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano, entre otras.

En el proceso de dictamen, los senadores modificaron el artículo seis, que en la propuesta de dictamen señalaba: “En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

El gobierno federal, mediante la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus jurisdicciones, garantizarán que los promotores al invocar estas causas de utilidad pública para la ejecución de proyectos de desarrollo o infraestructura, bajo el principio de reparación integral del daño, respeten los derechos humanos, a la información, participación y consulta.

Sin embargo, en el dictamen aprobado sólo dejaron la siguiente redacción, al artículo sexto: En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, el panista Francisco de Paula Búrquez, aseguró que el actual modelo de desarrollo urbano es excluyente y afecta a la población más pobre, ya que la expulsa a la periferia de las ciudades y la obliga a construir una vivienda en zonas ilegales o de alto riego.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional Angélica Araujo aseveró que la nueva ley ayudará a construir ciudades más incluyentes, resilientes, justas y prósperas, pues propone obligaciones y responsabilidades a los tres órdenes de gobierno que consolidaran metrópolis innovadoras para sus habitantes.