El gobierno federal aseveró que no hay ninguna prueba acerca de la autoría o responsabilidad del Ejército o de la Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace dos años.

Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejan claro que no hay ninguna responsabilidad de ningún miembro del 27 batallón (con sede en Iguala, Guerrero), dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián.

Subrayó que la Procuraduría General de la República (PGR) continúa con la investigación de los hechos, y ahora utilizará una nueva tecnología para rastrear posibles excavaciones en terrenos amplios.

Acorde con este parámetro, la búsqueda de los estudiantes es con métodos utilizados cuando se rastrea a personas sin vida.

Hoy hay una esperanza importante que tiene que ver con la tecnología utilizada por la PGR; se trata de búsqueda en grandes extensiones, a partir de movimientos de tierra y cavidades. Una tecnología que se usa para la minería y para la arqueología. Hay hasta 100 puntos en que se deberá de trabajar para garantizar que ningún indicio quede sin atender, dijo en entrevista.

Tras la desaparición de los normalistas, hace dos años, presuntamente a manos de policías municipales, para entregarlos a criminales, el Estado mexicano aceptó la asesoría y ayuda en esta investigación, por el GIEI, grupo designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una vez concluido el trabajo del GIEI se determinó un mecanismo de seguimiento a las medidas y recomendaciones emitidas por ese organismo regional.

Campa afirmó que la CIDH no ha operado todavía las decisiones, los acuerdos en torno al seguimiento de las medidas cautelares. No obstante, Gobernación ha informado a la comisión que sigue firme en el cumplimiento de los compromisos, la mayoría en manos de la PGR, relacionados con la investigación del caso.

Las autoridades federales insisten en que continúa la investigación para esclarecer este hecho. Actualmente hay 130 personas sujetas a proceso penal, la PGR ha avanzado con los familiares y sus representantes en una serie de líneas para garantizar que no haya nadie, con algún grado de responsabilidad, que quede impune.

Hay también compromisos relacionados con la búsqueda; es ahí donde los familiares exigen a Gobernación apoyo de la Policía Federal para garantizar que se atienda la información obtenida en la indagatoria para determinar el paradero de los normalistas.

El estudio sicosocial aplicado a los familiares está a punto de concluir, a fin de que se atienda a los parientes de estudiantes sobre los que hay certeza de muerte.

Igualmente, el joven en coma (Aldo), quien recibió un tiro en la sien, podría ser trasladado a Guerrero cuando se adapte un centro de terapia para él, posiblemente en Chilpancingo, porque en su municipio de origen no habría garantía de continuar con el tratamiento.