El mecanismo de defensa de periodistas y activistas sufrió una merma de 80%
Domingo 2 de octubre de 2016, p. 12
El proyecto presupuestal para 2017 prevé una drástica reducción para la atención de los derechos humanos, cuya operación está a cargo de la Secretaría de Gobernación (SG).
Una de las áreas más afectadas, no sólo del rubro en mención, sino de toda la SG, es la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyos recursos pasarían de 279.9 millones de pesos a 64.5 millones, esto es, una baja de 215 millones, equivalente a 80 por ciento. En esa área se atiende, por ejemplo, el mecanismo para periodistas y defensores de derechos humanos, así como la coordinación de atención a víctimas, entre otras tareas.
Pese a este panorama, el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, sostuvo que ningún compromiso, medida cautelar o responsabilidad del Estado Mexicano en este ámbito se dejará de atender.
No habrá, en el caso de derechos humanos, que tengamos la obligación de atender y se desatienda con el argumento de que no hay presupuesto. Todas las obligaciones de México relacionadas con medidas cautelares y el mecanismo de protección serán atendidas al 100 por ciento. Ni Ayotzinapa ni ningún otro que tenga que ver con medidas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos u organismos internacionales
, señaló.
La subsecretaría tiene una ligera recuperación con la propuesta hacendaria de pasar de 22 a 23.2 millones. La unidad, como se dijo, baja a 64.5; el área de políticas públicas en derechos humanos disminuye casi 2 millones (de 40.3 a 38.6), mientras la oficina de estrategias en esta materia pasa de 54 a 45.9 millones.
Otras áreas más afectadas son el programa de prevención del delito, el cual se deja prácticamente sin margen de operación; el Registro Nacional de Población, que debe procesar la nueva clave de identidad de los mexicanos; la atención a las mujeres, y las oficinas encargadas de seguridad pública y nacional. Por ejemplo, Plataforma México (sistema de comunicación nacional al servicio de corporaciones policiales y de procuración de justicia) pasaría de 984 a 277 millones de pesos.