Chihuahua, Chih.

Un déficit anual de más de 4 mil 500 millones de pesos, pasivos con proveedores superiores a mil 500 millones de pesos y una deuda pública de 50 mil millones de pesos es el legado del priísta César Duarte a su sucesor, el panista Javier Corral, quien este martes asumirá la gubernatura.

El antagonismo entre ambos políticos durante años complicó el proceso de entrega-recepción del gobierno en estos cuatro meses de transición, también obstaculizada desde el palacio de gobierno y el comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que interpuso varios juicios para impugnar las elecciones del 5 de junio, los cuales se resolvieron en septiembre pasado con el fallo definitivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El gobernador César Duarte, con apoyo de la mayoría priísta y sus aliados en el Congreso local, obtuvo un último financiamiento de 6 mil millones de pesos, modificó la Constitución local para crear el Consejo Estatal de la Judicatura, integrado por magistrados afines a él, y dejó programados los recursos federales que recibirá el estado para el ejercicio fiscal 2017, primer año de los cinco que gobernará Corral.

Las maniobras legales y políticas de Duarte lograron su cometido: en vísperas de asumir la administración, ni el panista ni su equipo de transición han podido hacer un diagnóstico de las condiciones en que recibirán el estado.

Corral programó la presentación pública de la evaluación para el primero de octubre, pero se vio obligado a diferirla 30 días tras anunciar que llevará a cabo una auditoría mayúscula en todas las áreas del gobierno por el estado de desastre encontrado, incluida la quiebra financiera.

Gustavo Madero, ex dirigente del Partido Acción Nacional y coordinador del equipo de transición de Corral, dijo estar preocupado por las lagunas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que obliga a la administración a pagar pasivos a corto plazo, pero no aborda las deudas con proveedores, cuyo monto desconoce el gobernador entrante.

Legión de acreedores

Ingeniería y Diseño Van, una de las empresas constructoras de la Ciudad Judicial, reclama 192 millones de pesos; el sistema de transporte colectivo de la capital adeuda 180 millones de pesos a operadores de autobuses y proveedores, y hay obligaciones por más de 200 millones de pesos por la edificación del aeropuerto de Creel, lo que incluye el equipamiento de la torre de control y la reparación de daños a la comunidad indígena de San Elías Repechike.

La sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reclama 120 millones de pesos por prestaciones de jubilados, y otros 100 millones de pesos el Sindicato de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud.

En julio pasado, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Iván Simental, reclamó adeudos a socios de esa agrupación por mil 500 millones de pesos. No se sabe si se les pagó.

En ese escenario, César Duarte y sus aliados blindaron el Poder Judicial (constituido en su mayoría por magistrados y jueces designados en los dos años recientes), con la reforma a la Constitución local aprobada el lunes pasado por la mayoría priísta y ratificada al vapor por 20 ayuntamientos gobernados por el tricolor.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gabriel Sepúlveda, es uno de los 17 magistrados (de un total de 27) que llegaron al cargo por amistad con el gobernador saliente.

En su corta carrera de funcionario, Sepúlveda fue diputado local en la 63 Legislatura (2010-2013); luego fue designado secretario general del Tribunal Superior de Justicia, y en 2014, gracias a una reforma constitucional promovida por el Ejecutivo, 13 magistrados lograron jubilarse y ser sustituidos por personajes cercanos al mandatario estatal.

Con la mayoría priísta en el Congreso y sus aliados, el gobierno de Duarte buscó crear la Fiscalía Estatal Anticorrupción, aunque el intento resultó fallido por el juicio de controversia que promovió la Procuraduría General de la República.

Grilletes presupuestales

En otra maniobra, Duarte dejó recursos federales etiquetados para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, vinculados al Plan de Desarrollo Nacional 2012-2018, y Javier Corral apenas dispondrá de 10 días para hacer cambios a la asignación de 62 mil millones de pesos para el próximo año, hecha por su antecesor.

Para reducir aún más el margen de operación, en agosto pasado la mayoría priísta, que controló la legislatura hasta el 30 de septiembre, aprobó los lineamientos generales y específicos para los procesos de planeación, programación y presupuesto de los programas operativos anuales del gobierno estatal, y el anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017.

Las nuevas reglas para el cálculo y diseño del presupuesto de egresos del estado fueron elaboradas por los titulares de las dependencias de la administración duartista, sin que los equipos de trabajo designados por el gobernador electo tuviesen acceso a la información completa.

Ahora, por ley, tienen hasta el 14 de octubre para decidir la planeación, la programación, el calendario de operación, el cálculo de costos y la programación mensual de cada una de las partidas federales que lleguen a la entidad.

El tiempo y el impacto social que logren las acciones de gobierno serán decisivas para la gestión de Javier Corral, que en 18 meses enfrentará un referendo político con las elecciones intermedias que renovarán 67 ayuntamientos y 33 escaños del Congreso, a fin de empatar el calendario electoral con los comicios presidenciales de 2108.

A los problemas financieros se suma el nada halagüeño panorama de seguridad, pues la reducción de los homicidios y otros delitos de alto alto impacto, como secuestro y extorsión, que César Duarte presumió en años recientes, muestra una tendencia al alza desde abril pasado.

Si 2015 cerró con mil 152 homicidios calificados en todo el estado, los indicadores de este año superan esa cifra: en agosto pasado ya se tenían registrados 850 crímenes de ese tipo y en algunos municipios se reportaron varios secuestros, delito que ya había sido erradicado.

En las comunidades y poblados de la sierra Tarahumara, principalmente en la zona limítrofe con Sonora y Sinaloa, continúan la violencia entre grupos ligados al narcotráfico, el desplazamiento de familias, la desaparición de personas y los asesinatos que, generalmente, no son reportados.

En la toma de protesta de Corral Jurado, este martes en el Centro de Convenciones de Chihuahua, nadie espera la presencia de César Duarte, pero todo el estado empezará a sentir los efectos de la quiebra que dejó tras de sí.

En poder de Carlos Slim, 22% del pasivo

Se desconoce el uso de créditos contratados

Miroslava Breach Velducea Corresponsal

Chihuahua, Chih.

En seis años de gobierno, César Duarte Jáquez contrató deuda pública por 37 mil 453 millones de pesos que, sumados a los 12 mil 547 millones que en octubre de 2010 recibió de su antecesor y correligionario priísta, José Reyes Baeza, suman 50 mil millones de pesos, pasivo que heredará al panista Javier Corral Jurado el 4 de octubre.

El pasado 24 de agosto el empresario Carlos Slim Helú se convirtió en el poseedor de 22 por ciento de la deuda del estado, luego de que Banco Inbursa SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, de su propiedad, ganó la licitación para adquirir los bonos carreteros por 6 mil millones de pesos emitidos por el gobierno de Duarte Jáquez. Slim ya poseía contratos por más de 5 mil millones de pesos por créditos directos otorgados al gobierno estatal.

Además de Slim, la deuda de Chihuahua está concentrada en Banco Interacciones, propiedad de Carlos Hank Rhon, y Multiva, cuyo accionista principal es el empresario Olegario Vázquez Raña. Otra parte de los créditos fueron contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y otras instituciones financieras, entre ellas BBVA Bancomer, Banorte y HSBC, tienen contratos por menores cantidades.

Este endeudamiento produjo enfrentamientos incluso entre el ex gobernador Reyes Baeza y César Duarte Jáquez, y más recientemente entre éste y el mandatario electo, el panista Javier Corral Jurado.

En 2011, primer año de la administración de Duarte Jáquez, la deuda estatal aumentó de 12 mil 547 millones a 17 mil 318 millones, según los registros históricos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 2012 el Congreso local autorizó una reingeniería financiera y los empréstitos llegaron a 23 mil 284 millones, incluida una emisión de bonos carreteros y la aprobación de un máximo de 25 mil millones para deuda directa con cargo a participaciones federales. Al final del sexenio se alcanzó ese tope.

Adicionalmente, en estos seis años Chihuahua obtuvo 15 mil 586.6 millones de financiamiento a valor presente a cambio de empeñar hasta por 30 años los ingresos de peaje en carreteras de cuota concesionadas a la entidad.

En julio pasado, cuando faltaban sólo tres meses para concluir su gestión, César Duarte consiguió autorización de la mayoría priísta en la Legislatura y sus aliados, los partidos de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, para contratar un último paquete de financiamiento por 6 mil millones, pagaderos con excedentes de las cuotas carreteras, que serán destinados al pago de pasivos con proveedores.

Este último paquete de deuda fue bloqueado inicialmente por el gobernador electo, Javier Corral, pero como el Partido Acción Nacional es minoría en el Congreso, la solicitud de César Duarte para nueva bursatilización de bonos carreteros fue aprobada.

En un intento por frenar la contratación del nuevo crédito, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad AC interpuso un amparo, obtuvo una suspensión provisional de una semana y finalmente perdió.

El juez primero de distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, consideró que la organización no acreditó interés legítimo para obtener la protección de la justicia federal y bloquear el decreto emitido por el Legislativo el 6 de julio para autorizar a César Duarte la bursatilización de 6 mil millones de pesos.

El 15 de agosto, la Secretaría de Hacienda estatal repuso el proceso de licitación pública y el 24 de agosto se dio a conocer que Inbursa ganó la licitación para adquirir los bonos carreteros por 6 mil millones de pesos.

¿Dónde quedó el dinero?

A lo largo del actual gobierno estatal no se ha aclarado el destino de los recursos obtenidos por medio de créditos.

Este es el principal cuestionamiento de Javier Corral, quien solicitó públicamente a la banca privada no arriesgar su capital en una operación dudosa e ilegal, por las anomalías con que se constituyeron las empresas Fibra Estatal SA de CV y Carreteras de Chihuahua, SA de CV, a las que el gobierno estatal transfirió el manejo de las concesiones carreteras con cuyos ingresos se pagará el nuevo pasivo.