l triunfo del no en el plebiscito realizado ayer en Colombia sobre la aceptación o el rechazo de los acuerdos de paz firmados hace unos días en La Habana, entre el presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es una noticia devastadora.
Así fuera por un margen estrecho y con una participación ciudadana más que escasa –sólo acudieron a las urnas 37 por ciento de los colombianos habilitados para hacerlo–, la negativa al proceso pacificador más arduo, consistente, ambicioso y trascendente de cuantos han tenido lugar para resolver el medio siglo de guerra en el país sudamericano deja la impresión de que la mayoría de los colombianos está en favor de proseguir el conflicto armado y, por ende, de seguir pagando el altísimo costo en vidas humanas, destrucción material, desplazados, zozobra y estancamiento económico en diversas regiones de su territorio.
El rechazo a los acuerdos de paz parece constituir, además, una bofetada a los empeños de gobiernos, organismos internacionales y personalidades de la escena internacional que respaldaron en forma activa y entusiasta las tratativas entre el Palacio de Nariño y la organización guerrillera más antigua de América, así como una señal de respaldo a los sectores e intereses guerreristas y militaristas del país sudamericano, empezando por el ex presidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático (derecha), organismos oligárquicos y cupulares como la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), los sectores más recalcitrantes de las fuerzas armadas y la miríada de empresas que han medrado desde hace décadas con el negocio de la seguridad y la venta de armas.
En contraste, el gobierno del presidente Santos ha quedado, con el inesperado resultado del plebiscito, en una posición debilitada, en tanto la agrupación guerrillera se ve colocada en una situación indefinida y de grave peligro para sus integrantes, los cuales ya habían empezado a concentrarse para preparar su desmovilización y la entrega de armas.
Uno de los factores principales que determinaron este resultado catastrófico fue la campaña publicitaria de intoxicación de la opinión pública por las derechas oligárquicas que tienen como objetivo demencial la aniquilación total de las FARC o, cuando menos, la rendición incondicional de sus combatientes sin más destino que la prisión.
Significativamente, ese operativo propagandístico tuvo un impacto mucho mayor en las grandes ciudades, en las que se encuentra la mayor parte de los electores, y en las que el no resultó mayoritario. En contraste, en las zonas más afectadas por la larga confrontación armada ganó el sí, en algunos casos por mayoría aplastante, como en Chocó, donde 80 por ciento de los sufragios fueron de respaldo a los acuerdos de paz. Otro factor que incidió en un desenlace que ninguno de los sondeos previos pudo anticipar fue, paradójicamente, el exceso de confianza de los partidarios de la paz, quienes dieron por hecho que tenían la victoria en la mano y se desentendieron de la asistencia a las urnas. Otro elemento decisivo fue el climático: el paso del huracán Matthew, que afectó principalmente la costa atlántica (Caribe) y disuadió a un importante número de electores de salir de casa.
Lo que sigue es incierto. La derrota del bando de la paz no significa en automático el reinicio de las hostilidades, pero representa un impulso en esa dirección, por más que en términos estrictamente legales la única consecuencia vinculante es que ambas partes deberán renegociar la paz en términos distintos, perspectiva difícil de concretar, habida cuenta de las enormes dificultades que hubieron de sortear para lograr un documento aceptable para el gobierno y para la insurgencia, y del poco tiempo que le queda al mandato de Santos.
Por otro lado, tanto las FARC como el gobierno han adoptado decisiones pacificadoras de trascendencia que no pueden revertirse fácilmente: la primera aprobó en asamblea su conversión en fuerza política, en tanto que el segundo decretó el fin de las hostilidades. Aunque ninguno de los bandos dispone ahora de un marco legal definido y claro para aplicar tales determinaciones, cabe esperar que pueda ser mantenida la frágil tregua de facto que se estableció con el telón de fondo de las negociaciones de La Habana.
