ace unas semanas, al salir de una reunión en la Secretaría de Gobernación los sobrevivientes de la masacre de Nochixtlán, declararon a la prensa: nos ofrecieron todo, menos justicia.

Esas cinco concisas palabras, de manera admirable expresan todo el dramatismo de un pueblo que busca una sola cosa y esa obstinadamente se le niega. Al mismo tiempo esas palabras son el más certero y contundente diagnóstico de un régimen político que, efectivamente, está dispuesto a dar a quienes le reclaman todo menos justicia. Acteal, Ayotzinapa, los maestros, pueden avalar lo dicho por Nochixtlán. Las autoridades peticionarias pueden ofrecer a los peticionarios todo, desde dinero, prebendas, concesiones… hasta represión, cárcel y muerte. Pero siempre al margen de, e ignorando la verdadera justicia. Pueden incluso utilizar el aparato de procuración y administración de justicia, pero como un instrumento más para ofrecer chivos expiatorios o para chantajear y golpear a sus opositores, mas nunca para hacer lo que se debe hacer según la justicia y el derecho. Y ahora parece que dentro de esa gama de opciones que las autoridades mexicanas están dispuestas a ofrecer con tal de no brindar justicia han venido a añadirse las bien o mal llamadas reivindicaciones de género. Esto viene al cuento entre otras razones por una noticia que acaba de aparecer en el portal Chiapas Paralelo (27/9), donde se puede leer:

“La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, denunció que a un mes de la resolución de ese organismo jurisdiccional, las autoridades locales chiapanecas no han acatado el fallo de restituir en sus cargos a las mujeres indígenas alcaldesas de Chenalhó y Oxchuc, por lo que podrían incurrir en alguna responsabilidad legal. En el marco del Foro Democracia Paritaria organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Alanís Figueroa ofreció la conferencia sobre Mujeres indígenas y violencia política de género, donde habló de los casos ocurridos en Chiapas, donde alcaldesas fueron removidas de los cargos que ganaron por la vía del voto directo en las urnas el domingo 19 de julio de 2015”.

Hay que recordar que las dos alcaldesas mencionadas fueron obligadas a renunciar a sus cargos por sendas movilizaciones en el marco de las protestas poselectorales desatadas por el choque de intereses del PRI y el Partido Verde. Pero habría que cuestionar si esos problemas políticos pueden y deben ser resueltos en función exclusiva o principalmente de consideraciones de género.

No me detendré mayormente en el caso de Oxchuc, donde la alcaldesa depuesta de facto y reinstalada legalmente constituye una especie de Hillary autóctona elevada a la cuarta potencia: ella y su esposo se habían estado turnando la presidencia municipal por cuatro periodos consecutivos hasta que el pueblo dijo basta. Pero me interesa en particular el caso de Chenalhó, que tiene otro componente de género mucho más grave que la supuesta violación del derecho de una mujer a gobernar un municipio: el profundo insulto, más que a la víctima directa, el líder del Congreso estatal Óscar Eduardo Ramírez, a todas las mujeres y específicamente a las de Chenalhó por el hecho de que el funcionario retenido por los priístas haya sido vestido de mujer como una manera denigrante de decirle que no sabe hacer su trabajo. De este verdadero agravio, hasta donde yo sé, ni el TEPJF ni el Foro Democracia Paritaria hicieron mención alguna. Pero a pesar de eso es altamente cuestionable que el asunto de género se tome de eje central para abordar los problemas de este municipio.

Chenalhó tiene una historia, que ya va para 20 años, de accionar de grupos paramilitares cuya más conocida y abominable hazaña fue la masacre de Acteal. Gracias a la complicidad de diversas autoridades, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus crímenes siguen prácticamente impunes. Hay una comunidad, el Ejido Puebla, que fue y sigue siendo uno de los bastiones paramilitares, donde éstos nunca fueron a dar a la cárcel, ni siquiera para ser amnistiados por la SCJN. Por esta campante impunidad los paramilitares han seguido actuando tranquilamente: Puebla es la única comunidad del municipio donde se ha repetido dos veces el desplazamiento forzado de la población, como se dio en numerosas comunidades en el tiempo de la masacre de Acteal: en 2013 y ahora con el conflicto poselectoral. En las dos ocasiones anteriores habían sido básicamente los miembros de Las Abejas las víctimas del desplazamiento. En esta ocasión, de nuevo tuvieron que salir desplazadas Las Abejas, pero ahora los priístas corrieron con la misma suerte. La razón de esta inusitada convergencia es que, dada la brillante estrategia del gobernador estatal de sustituir el apoyo clientelar del PRI por el del Partido Verde, los paramilitares de Puebla se dividieron entre los que apoyan a la depuesta alcaldesa Rosa Pérez Pérez (los verdes) y los priístas que votaron y se movilizaron contra ella. En la tarde del día de la movilización que secuestró, vistió de mujer y obligó al líder estatal del Congreso (y del Partido Verde) a aceptar la renuncia de la alcaldesa, los priístas fueron recibidos por los enfurecidos verdes con piedras, palos, machetes y armas de fuego. El resultado: dos muertos de las familias priístas, otra, una muchacha de 12 años, como resultado de una bala perdida, y un adulto asesinado a quemarropa. La respuesta de las autoridades fue… encarcelar a dos priístas.

El Ejido Puebla se ha convertido en el principal bastión de la alcaldesa depuesta, quien el pasado 15 de septiembre acudió al lugar a dar el tradicional Grito, impedida, como está por la oposición priísta, de hacerlo en la cabecera. Una demanda evidente de justicia sería la exigencia de indagar la relación entre la maestra Rosa Pérez y los paramilitares de Puebla, en particular Agustín Pérez, que funge simultáneamente como su líder, líder de los verdes y pastor de la iglesia presbiteriana de su comunidad. Pero ahora las autoridades han tenido la brillante idea de cubrir todo eso con el expediente de la supuesta reivindicación de los derechos de las mujeres. Y no faltan quienes muerden el anzuelo y aplauden con entusiasmo.

Una sospecha: ¿no será que Peña Nieto aplicó una receta similar con la iniciativa de los matrimonios gays para darse un respiro ante las abrumadoras denuncias contra su gobierno?

*Asesor de proyectos de educación alterntiva en Chenalhó (laudatosi.blogspot.es)