Los gobernadores priístas César Duarte, de Chihuahua; Javier Duarte, de Veracruz; el ex mandatario de Sonora Guillermo Padrés (PAN), así como los empresarios Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, cercanos al ex titular del Ejecutivo de Coahuila Humberto Moreira, tienen algo en común: todos son investigados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF).

Esta área estratégica de la Procuraduría General de la República (PGR) es la encargada de indagar estafas, desvíos de recursos y lavado de activos que se realizan en México mediante el uso del sistema financiero, bancario y bursátil, informaron fuentes gubernamentales.

Funcionarios de la dependencia federal, consultados por La Jornada, confirmaron que en esa unidad, que encabeza Crisógono de Jesús Díaz Cervantes –a quien en la PGR ubican mejor con el sobrenombre de Quicho–, se integran actualmente averiguaciones previas y carpetas de investigación contra los mencionados políticos del PRI y del PAN, por delitos relacionados con lavado de dinero, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y diversos ilícitos financieros, de competencia económica y mercantiles.

La oficina depende directamente de la titular de la dependencia, Arely Gómez, y en ella laboran 140 abogados y otros profesionistas especializados en finanzas y análisis de información contable, bancaria y bursátil.

La UEAF –que trabaja en colaboración directa con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que intercambia comúnmente información con las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos– ha revisado en los dos años recientes más de 300 mil transacciones bancarias efectuadas entre los operadores financieros de los gobernadores y ex mandatarios investigados.

Díaz Cervantes fungió anteriormente como coordinador de asesores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando su titular era Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De los gobernadores y ex gobernadores sujetos a investigación, el único que ha comparecido es el priísta César Duarte, de Chihuahua.

El pasado 16 de septiembre, Duarte acudió personalmente a las oficinas de Díaz Cervantes para aportar pruebas con las que pretende aclarar la lícitud de las fuentes financieras que expliquen su evolución patrimonial, a fin de demostrar que no es responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

Hace dos años, el panista Javier Corral, hoy gobernador electo de Chihuahua, presentó una denuncia contra Duarte por presunto enriquecimiento ilícito y desde entonces la UEAF investiga esos hechos.

Según la denuncia presentada por Corral Jurado y por legisladores de PRD y PT, existen indicios de que Duarte adquirió 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua.

En el caso del gobernador veracruzano, la UEAF ha revisado el curso de unas 50 mil transacciones bancarias realizadas por secretarios y ex secretarios de Finanzas de Veracruz, así como por familiares y otros prestanombres de Javier Duarte, quienes bajo la simulación de ser ‘‘empresarios’’ se han beneficiado con depósitos de dinero público.

Por otra parte, el trabajo de los investigadores permitió a la PGR detectar que Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, cobró ‘‘diezmos y moches’’ de los contratos de uniformes escolares por medio de una cuenta bancaria a nombre de uno de su hermanos y de un funcionario estatal que se desempeñaba como jefe de almacén.

La UEAF detectó que Ernesto Alonso Castorena, con plaza de jefe de departamento en el gobierno de Sonora, recibió 170 millones 558 mil 300 pesos en una cuenta mancomunada en HSBC, en la que Miguel Padrés Elías, hermano del ex gobernador, aparece como cotitular.

Una parte de este dinero fue utilizado para comprar un millón 38 mil 188 dólares y transferirlos a una cuenta de Miguel Padrés en la sucursal de San Francisco, California, del Wells Fargo Bank. De esa cuenta transfirió un millón 9 mil 192.54 dólares a otra cuenta abierta en el mismo banco estadunidense a nombre de Dolphinius DC, empresa que abrió en Holanda el propio Padrés, quien enfrenta una orden de aprehensión.

Otro caso que inició la UEAF es el de una empresa textilera coahuilense (Grupo Denit) que presuntamente defraudó al fisco con más de 217 millones de pesos, en un asunto por el que también están prófugos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, allegados al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira.

En este caso se han revisado más de 40 mil transacciones bancarias de Demit y de varias de sus subsidiarias propietarias de plantas textileras de la región de La Laguna, cuyos dueños son investigados desde 2008 por operaciones que derivaron en lo que representa el mayor caso de defraudación fiscal en la historia reciente del país y que se calcula en mil 650 millones de pesos.