ndeudados hasta la coronilla, obligados a erogar voluminosas cuan crecientes sumas por el costo financiero del débito público y a pagar con creces el efecto que lo anterior genera en sus niveles de bienestar, ayer los mexicanos se sintieron cobijados y serenos tras escuchar las sabias palabras del secretario de Hacienda, José Antonio Meade: el actual nivel de deuda es administrable, al tiempo que es menos sensible a la tendencia alcista en tasas de interés y tipo de cambio.

¡Felicidades!, mexicanos pagadores, porque si lo anterior fuera poco, el heredero del ministro del (d) año todavía les regaló un bombón: a pesar de los pesares, se mantiene el apetito por parte de los inversionistas extranjeros en la compra de bonos de deuda local (La Jornada, Israel Rodríguez), es decir, si ya se empacharon pues allí les va más, con todo y que no por aproximación se vea aquello que dicta la Constitución, en el sentido de que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

La voluminosa deuda pública, pues, es administrable. Y, sí, Meade tiene razón porque el débito nacional mantendrá tal característica en la medida en que el gobierno siga recortando el gasto público en áreas estratégicas para el desarrollo nacional (como educación, ciencia, infraestructura, avance social, etcétera) para destinar los dineros al pago del débito público, pero especialmente a los intereses que aquel genera. El problema es conocer hasta dónde aguantará lo administrable.

Por ejemplo, la deuda del Fobaproa-IPAB es administrable (versión Meade), porque en las últimas dos décadas de los bolsillos de los mexicanos salieron alrededor de 900 mil millones de pesos para pagar el rescate bancario de 1995 (más 120 mil millones de pagarés), y a pesar de ello la deuda por tal concepto se mantiene en 850 mil millones (ver el México SA de ayer).

Lo mismo sucede con la deuda del sector público. Desde que Enrique Peña Nieto se instaló en Los Pinos, y junto a él Luis Videgaray (o al revés), el gobierno federal incrementó la deuda del sector público en más de 3 billones de pesos, y en el mismo periodo pagó 2 billones 100 mil millones (incluida la proyección para 2017) para cubrir el costo financiero de la deuda del sector público presupuestario (intereses, comisiones y gastos de dicho débito). Y las cifras no provienen de un enloquecido opositor, sino del IV Informe de gobierno del propio EPN.

¿Resultado? La deuda pública se administró a un precio verdaderamente de terror, y a pesar de ello el saldo de dicho débito no dejó de crecer hasta alcanzar, año tras año, niveles históricos, sin olvidar los cuatro recortes presupuestales al hilo. Así, la proporción de la deuda pública con respecto al producto interno bruto creció de 35.8 a 50.5 por ciento, es decir, la friolera de casi 15 puntos porcentuales en apenas un cuatrienio, el mismo durante el cual la economía a duras penas promedió un crecimiento de 1.9 por ciento.

En tiempos peñanietistas la administración de la deuda ha sido por demás onerosa. En promedio, por cada día de estancia de EPN en Los Pinos de los bolsillos de los mexicanos han salido poco más de mil 150 millones de pesos cada 24 horas para cubrir el costo financiero de la deuda pública (intereses, comisiones y gastos). En cambio, a la empresa productiva del Estado que mayor ingreso genera al erario le han metida cuatro tijeretazos a su presupuesto, por lo cual debe incrementar su propia deuda.

Felipe Calderón le heredó a Peña Nieto un costo financiero de la deuda pública de 305 mil millones de pesos al año, en números cerrados. Para diciembre de 2013, ya en ejercicio el gobierno de EPN, ese monto se incrementó a 314 mil millones. Un año después aumentó a 346 mil millones, y para 2015 subió a 408 mil millones. Se estima que 2016 cierre con pagos por 462 mil millones y para 2017 se calcula que se elevará a cerca de 600 mil millones. En un abrir y cerrar de ojos, el citado costo se incrementó prácticamente 100 por ciento.

De ese tamaño ha sido la eficiente administración de la deuda pública en tiempos de Peña Nieto (que en nada se diferencian de los anteriores administradores), que en los hechos no quiere decir más que endeudarse a paso veloz, pagar los intereses de la propia deuda, y no para (Constitución dixit) la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

Pero si el titular de Hacienda tranquilizó a los mexicanos con aquello de la deuda administrable, todavía repartió flores: México es el único país petrolero al que no se le ha bajado la calificación de su solvencia; 76 por ciento de la deuda pública está denominada en pesos y 100 por ciento del endeudamiento externo en dólares está contratado a tasa fija, por lo que no es susceptible de cambios o de un gran impacto; México se coloca como uno de los tres o cuatro países con mayor plazo de vencimiento de la deuda; se coloca por abajo del promedio de los países de la OCDE y del G-20 y de muchos países latinoamericanos; el costo financiero se compara favorablemente con el promedio de 4 por ciento de los países latinoamericanos, y así por el estilo.

Qué bueno, pero olvidó mencionar que la gran deuda mexicana no la pagan los países de la OCDE, ni los del G-20 ni los latinoamericanos, sino los mexicanos. Ellos solitos son los que han sido obligados por el gobierno federal a cubrir rigurosamente con los acreedores. Los funcionarios que la contratan simplemente se van y siguen viviendo como reyes.

Sólo como ejemplo, allí está el caso de Felipe Calderón (y sus tres secretarios de Hacienda: Agustín Carstens, Ernesto Cordero y el propio José Antonio Meade), quien en su sexenio incrementó 88 por ciento el saldo de la deuda pública con respecto al cierre de Fox, quien a su vez lo aumentó 53 por ciento. Todos los citados administraron (léase incrementaron a paso veloz) el débito y simplemente le pasaron la factura a los mexicanos. Ahora todos viven del presupuesto, y muy bien, y todavía el tal Jelipe tiene la desfachatez de meterse bajo la falda de Margarita para repetir en el hueso.

A Meade ya le tocó en dos sexenios consecutivos, y la gran pregunta es: ¿hasta dónde cree que puede administrar a los mexicanos?

Las rebanadas del pastel

Los que no dejan de administrar la enclenque proyección de crecimiento económico son los especialistas consultados por el Banco de México, quienes recortaron, otra vez, su pronóstico para 2016: de 2.2 a 2.1 por ciento, con ganas de reducirlo aún más… Y de cereza, el dólar a 19.75 minusválidos pesitos.

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