La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si procede el amparo interpuesto por comunidades mayas de Quintana Roo contra la siembra de soya transgénica, ya que el juzgado sexto de distrito y el tercer tribunal colegiado, con sede en Chetumal y Cancún, respectivamente, omitieron pronunciarse respecto de la cancelación definitiva del permiso otorgado a Monsanto para la siembra comercial de esa semilla en la región, explicó Raymundo Espinoza, abogado de las comunidades.

Agregó que en la demanda se destacó que los permisos fueron otorgados pese a que no se emitió un dictamen vinculante basado en las observaciones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los cuales establecieron que no era favorable esa siembra.

Tampoco se llevó a cabo la consulta previa a las comunidades indígenas, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por México.

A diferencia de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, que también luchan jurídicamente contra la siembra de soya transgénica, y que aceptaron se lleve a cabo una consulta en las comunidades, nosotros no pedimos la consulta, porque ésta no se realizó antes de otorgar el permiso de siembra comercial y por tanto es un vicio dentro del proceso administrativo.

Además, la ley de bioseguridad es contraria a la Constitución y pone en riesgo el derecho al medio ambiente sano, el agua, la alimentación y la salud. Esa norma, en la que se basa el otorgamiento de los permisos para la siembra de organismos modificados –maíz, soya o cualquier otro– va contra el principio precautorio y los derechos sustantivos. La SCJN deberá establecer si la citada ley es o no constitucional, expuso.

José Manuel Jesús Puc, del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, sostuvo que la siembra de esa soya implicará el dominio de las semillas, la tierra, el agua y de los alimentos; dañará de manera irreversible la biodiversidad. Originario de la comunidad Nueva Jerusalén, apuntó que los 57 ejidos que conforman ese consejo están contra ese cultivo transgénico, pues forma parte de un modelo agroindustrial que erosiona los suelos, contamina el agua por el uso de químicos como el glifosato, obliga a sembrar semillas patentadas y no beneficia a las familias indígenas. Los cultivos transgénicos dañan la integridad de nuestras comunidades, aseveró.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, Heber Uc Rivero, de la organización Educación, Cultura y Ecología, comentó que no hay información puntual de las autoridades estatales sobre si se está sembrando soya transgénica, por ello las comunidades indígenas han solicitado los estudios para definir el tipo de semilla que se cultiva en la región. Existe la sospecha de que es transgénica y no convencional, como difunden algunos productores. A la demanda contra la soya transgénica se sumó el colectivo semillas Much’ Kanan I’inaj.