l repudio a la corrupción se ha instalado con determinación en el ánimo popular. La población, al sentirse atada, rodeada por esta malformada conducta, en especial la que aqueja y se enseñorea en las altas esferas de la vida –pública y privada– ha emprendido un duro camino de cambio y limpieza. Este sentimiento, vuelto fatiga personal y angustia colectiva, no se ha quedado en la acostumbrada cuan corrosiva queja de salón o protesta airada de algunos. Tal parece que ha mutado en masivo movimiento ético y electoral. Las pasadas votaciones (2015) donde estuvieron en juego varias gubernaturas así lo indican y, al parecer, tal tendencia irá creciendo de manera indetenible. El castigo impuesto a los candidatos priístas fue, sin duda, ejemplar. Les trastocó parte de su organismo partidario, esa su médula acostumbrada al triunfo, aunque éste fuera ilegítimo o de plano ilegal. La pérdida de posiciones de prestigio y poder para los priístas en esos comicios fue apreciable. Es muy posible que sus oportunidades de alcanzar triunfos en 2018 hayan quedado, después de tan inesperados resultados, seriamente comprometidas. Las lecciones que de ello se desprenden, por el contrario, no parecen seguir una ruta, no digamos congruente con lo sucedido, sino que pueden catalogarse como francamente discordantes.

Los recientes pasos de la Procuraduría General de la República al atraer las varias denuncias por factibles delitos del gobernador veracruzano, sumados a la decisión de conculcar sus derechos partidarios, apuntan a una dirección inequívoca: su desgracia política. A esta altura, sin embargo, la desembocadura en castigo o cárcel para este y otros de sus contlapaches de correrías, no se ve, ni directa ni tampoco expedita. El baúl de complicidades, tan acariciadas por las altas esferas, se sabe repleto con otros casos de parecida o más grávidas consecuencias.

Los coletazos de reclamos y contracusaciones no tardaron en surgir. La inconformidad de ciertos afectados, no por esperada, deja de mostrar su brazo maloliente para, de inmediato, esparcir sus tentáculos por lugares, personajes o materias no previstas, menos aún ajenas a los mismos rectores del proceso. Tales movimientos de reacción no pueden pasar como cosa normal. Removerán los fétidos sedimentos de años, décadas de malformaciones de la vida pública. Es por eso que se pretende esterilizar la persecución y limitarla a un solo caso priísta y otro más de origen panista, cuyo expediente, por cierto, va más avanzado. Detener el proceso, sólo en estos dos ejemplares de evidentes culpables, toda la presión desatada para corregir la corrupción, es no aprender de la reciente historia.

De prosperar la voluntad de transformar la vida pública, las solicitudes de castigo para todos aquellos transgresores bien conocidos se hará presente y exhaustiva. Hay demasiados personajes que mostraron, sin pinta alguna de pudor, sus trapacerías durante el ejercicio de sus responsabilidades. Simplemente son sujetos inocultables a la, crecientemente crítica, mirada ciudadana. Unos sobresalen más, pero la competencia por la voracidad de enriquecimiento y el despliegue de prepotente soberbia, es cerrada. Muchos de esos seudogobernantes –y socios de acompañamiento– se habían acostumbrado a exhibir su impunidad como tarjeta de presentación inherente al cargo. Pero el escarmiento que, al parecer, se enroscará en uno o dos casos pretende dejar, en la usual penumbra, los demás. Los señalados por la iracundia popular lo saben. Confían en que la disrupción que se ocasiona con sólo el caso veracruzano y el sonorense pesará sobre los demás. Y, no se duda, ni tantito, que esa sea su patente a exhibir y empujar. ¡Atrapen al ladrón!, gritarán con todas sus fuerzas y auxilios, que serán muchos. De esta sinvergüenza manera quedarán amparados por las sombras, el bien conocido modo de taparse sin mayor ruido adicional. El olvido lo desean y hasta imponen con vehemencia en pos de alegada pero falsa tranquilidad y paz.

Pero la tendencia a erradicar, al menos los puntos álgidos, los más molestos, de la corrupción, seguirá creciente y, por demás, exigente de resultados. De las denuncias continuas se dará paso a escándalos para terminar en nuevos agravios que exigirán justicia. Ya sea por inexplicables 600 mil pesos en efectivo de un funcionario delegacional, premiado además con rumbosa fiesta gratuita de amigos antreros o, todavía más grave, por el lujoso fin de semana para un legislador de altos vuelos burocráticos y sus acompañantes: un contratista acusado por traficar con influencias y un funcionario de puertos arguyendo antigua amistad.